La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presenta una nueva edición de su análisis del Presupuesto Nacional de la Argentina que investiga las inversiones en materia de protección y conservación de los recursos naturales versus actividades contrarias, es decir, que generan o podrían generar un impacto ambiental negativo en el marco del presupuesto nacional para el año que acaba de empezar.

Realizado por María Marta Di Paola, especialista en economía ambiental de FARN, este  análisis alerta sobre la proliferación de fondos fiduciarios, con un esquema de rendición de cuentas por fuera de las normas que reglan al presupuesto nacional, lo que dificulta el control de su ejecución y puede favorecer la discrecionalidad en su uso. Asimismo subraya una constante tendencia de los gobiernos hacia el financiamiento de medidas cortoplacistas en cuestiones ambientales que tienen implicancias a largo plazo.

El informe detecta que los servicios económicos vinculados a ecología y ambiente representan un 2% de los servicios económicos totales del presupuesto y el 0,5% de los gastos presupuestados. Por su parte, continuando la tendencia de los últimos 6 años, energía tiene la mayor asignación de recursos con el 50% de los mismos, seguido por transporte con el 37%. A destacar respecto al 2016, transporte aumenta su participación en un 3% mientras que energía se reduce en un 2%. 

Por otro lado, las partidas identificadas como compatibles con el cuidado ambiental representan el 0,5% de los gastos presupuestados para el año 2017 mientras que aquellas etiquetadas en la categoría contrarias alcanzan al 7,6%.

Esta tendencia se sostiene desde 2013, lo que quiere decir que se gasta en actividades con impacto ambiental negativo desde hace cuatro años.

El informe concluye que por cada $1 de las arcas del Estado destinado a la protección ambiental hay $16 que se invierten en cuestiones de impacto negativo, como puede ser cuestiones vinculadas a la generación de energía con combustibles fósiles.