Si se mira en detalle, el texto de la actualización es casi idéntico al Plan de Acción Nacional sobre Empresas y DD.HH. publicado en 2013. Describe con mayor profundidad los nuevos compromisos, y hay algunas declaraciones notables.

Se destaca el compromiso de seguir garantizando que las normas de contratación del Gobierno del Reino Unido incluyan criterios relacionados a los DD.HH. y mantener el apoyo a los defensores de los DD.HH. que trabajan en cuestiones relacionadas a los negocios y los derechos humanos, a través de las embajadas y altas comisiones.

Además, se explicita que el Reino Unido va a "apoyar el compromiso de la UE para considerar los posibles impactos sobre los derechos humanos de los acuerdos de libre comercio, incluso cuando éstos incluyen disposiciones de protección de inversión, y se tomarán las medidas adecuadas, entre ellas a través de la incorporación de cláusulas de derechos humanos, según proceda".

Se insta a las misiones diplomáticas a instruirse para que junto con las autoridades locales recojan las preocupaciones y denuncias contra empresas.

La mayor diferencia en esta actualización se da en la remediación, se mantuvieron los tres compromisos designados a las empresas, ninguno se aborda de fondo. El plan ofrece muy poco a las personas que instan a la justicia después de haber sido perjudicados por las empresas británicas.