En España se consumen 8.476 millones de bolsas de plástico cada año, una media de unas 180 por habitante y año, el equivalente a una cada dos días según la memoria de impacto normativo del Real Decreto sobre reducción del consumo de estos elementos.

El último borrador del "Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el registro de productores de productos (REPP)”, de fecha de 25 de julio, señala que a partir del primero de marzo del próximo año 2018 se prohibirá la “entrega gratuita” a los consumidores de bolsas de plástico ligera y con espesor igual o superior a 50 micras, exceptuando ligeras (aquellas que se usan para contener alimentos o por razones de higiene).

La memoria de impacto del Real Decreto establece unos precios orientativos para estos productos en función de su espesor, así en las de menos de 15 micras para usos por razones de higiene o que se suministran como envase primario para alimentos a granel como frutas, legumbres, carne o pescado se fija en 5 céntimos de euro; entre 15 y 29 micras, 10 céntimos de euro y para las de más de 30 micras, 15 céntimos de euro por bolsa.

A partir de 2020 se prohibirá la entrega de bolsas de plástico ligeras o muy ligeras, excepto si son de plástico compostable, quedando además prohibida la entrega de las denominadas de plástico fragmentable. Igualmente las de un espesor igual o superior a 50 micras (las de menos son ligeras) deberán contener un porcentaje mínimo de 30 por ciento de plástico reciclado.

El Real Decreto tiene como finalidad reducir el consumo de bolsas de plástico y cumplir con la normativa europea, incorporando la directiva de la UE de 2015, que obliga a informar sobre la cantidad de bolsas que se ponen en el mercado, lo que conlleva la creación de una sección de productores y un registro de los mismos.

La memoria de impacto detalla además que su puesta en marcha tendrá efectos positivos sobre la competencia y desde el punto de vista de las cargas administrativas supondrá un impacto de unos 3.400 euros para inscribirse en el registro y 136 euros anuales.

Esta medida supone un “ahorro” respecto a la presentación de información en las 19 CC.AA y ciudades autónomas, que en conjunto requeriría para este trámite una cantidad superior a los 67.000 euros.

El gasto máximo en el consumo de bolsas hasta enero de 2020 se incrementaría en unos 653 millones de euros, lo que sumado a los a los 146 millones actuales (datos de 2014), supondría en conjunto algo más de 800 millones de euros.

No obstante, la aplicación del real decreto repercutirá positivamente en la reducción del número de bolsas de plástico abandonadas, por lo que tendrá impacto positivo en otros sectores como el turismo o los servicios de limpiezas.

Además, la memoria contempla que la prohibición a partir de 2020 de las bolsas de plástico ligeras no compostables supondrá un aumento del uso de bolsas de otros materiales como papel o tejidos, además de otros contenedores como carros o cestos, lo que favorecerá el desarrollo de otros sectores industriales.