El Simposio Iberoamericano de la Organización Internacional del Trabajo, llevado adelante en La Palma, bajo el lema El Futuro del Trabajo, insta por un marco integral de medidas transformadoras que sitúe la eliminación de la discriminación y la consecución de la igualdad de género tanto en el hogar como en el trabajo en el centro de las intervenciones públicas.

El encuentro, organizado por la Fundación CajaCanarias y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, ha subrayado esta como una de sus conclusiones, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que serán remitidas a la Oficina de la OIT en España para su consideración como aportación al debate mundial sobre el futuro del trabajo.

La vicepresidenta de la Fundación CajaCanarias y miembro del Comité Organizador del Simposio, Margarita Ramos, fue la encargada de emitir las conclusiones recogidas en el Simposio junto con la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, Dulce María Cairós

El panel final contó también con la presencia del el viceconsejero de Empleo y Emprendeduría, Emilio Atiénzar, y del director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González.

En el documento se destaca la necesidad de incorporar en el ámbito de la igualdad de género en la negociación colectiva y otorgarle un mayor papel en la toma de acciones y decisiones, así como articular acciones contundentes, frente a las infracciones, sea por vía administrativa o judicial.

"Constituye una obviedad constatar que las mujeres, a nivel global, no están en la misma posición económica y social que los hombres, ni ocupan el mismo espacio, particularmente desde la perspectiva del trabajo", señala el documento.

Asimismo, las conclusiones hacen hincapié en la proliferación del trabajo atípico, de carácter temporal, flexible y disruptivo, que se suma al trabajo no remunerado y voluntario, desempeñado fundamentalmente por mujeres y que plantea el reto de lograr que el cambio tecnológico y organizativo no expulse del mercado de trabajo a la mano de obra femenina, que ha venido incorporándose con dificultad.

Paralelamente, se considera necesario encaminar la búsqueda del pleno empleo hacia lograr la dignidad salarial, además de trabajar para lograr una cifra no elevada de desempleados, con el objetivo de reivindicar un derecho del trabajo como derecho de la ciudadanía y de referencia constitucional.

"La precariedad laboral y la inseguridad se reflejan también en unos ingresos bajos, por lo que es necesario garantizar un mínimo de protección atendiendo a la realidad plural y diversa y mantener un debate serio y productivo sobre la renta básica universal", recoge el texto.

En relación con los nuevos desafíos a los que se enfrenta el "trabajo decente", el documento hace referencia al cambio tecnológico, la digitalización, las nuevas necesidades formativas, el cambio demográfico, el envejecimiento de la mano de obra, el comercio internacional de bienes y servicios, el papel de los tratados de libre comercio, el cambio climático y las políticas de cambio energético.

Asimismo, se concluyó que para la consecución de un trabajo decente deben tenerse en cuenta los convenios internacionales del trabajo de la OIT, la protección social del trabajo asalariado y dependiente, con independencia de las obligaciones contractuales, el rescate de presunción de laboralidad y el principio de primacía de la legalidad y el refuerzo de la libertad sindical. "Constituye una necesidad, un reto y un desafío la reivindicación de un derecho del trabajo como derecho de la ciudadanía, de referencia constitucional" se indica en el documento.

El Comité Organizador de este simposio estuvo formado por la vicepresidenta de la Fundación CajaCanarias, Margarita Ramos; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero; y el director General de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González; que también participaron activamente en el simposio.