¿Cómo estuvo involucrado el sector de la construcción en el diseño de la nueva Ley de Eficiencia Energética? ¿Fueron consultados por el gobierno? ¿Se organizó alguna actividad que los involucre como sector?

En el sector construcción, llevábamos bastante tiempo esperando la promulgación de esta ley, ya que uno de los principales problemas que tenemos como rubro es, en primer lugar, la falta de regulación o bien la poca claridad y flexibilidad de la que ya existe. Previo a la ley, debemos partir porque Chile era uno de los muchos países de la Región Latinoamericana que hasta el 2019 no había incluido a la edificación en sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs) y esto se debe precisamente a que, como sector, carecemos de datos e información suficiente como para hacer compromisos específicos y que por lo tanto, cualquier objetivo de carbono neutralidad existente iba a incluir acciones macro pero que no necesariamente abordaran a una industria que es responsable de más de 1/3 de los GEI.

De acuerdo con el “2019 Global Status Report for Buildings and Construction” de Global ABC, hasta el 2019 Chile no incluía la edificación en sus NDCs, escenario que fue modificado en el reporte del 2020, ya que, en abril del año pasado, se publicó la actualización de nuestras contribuciones lo que implica que por primera vez Chile se destaca por sobre otros países de la región, si bien no indicando un porcentaje de cobertura, sí indicando que se mencionan los edificios en forma genérica.

Si bien en el contexto actual, y siendo que Chile fue el primer país en Latinoamérica en asumir el compromiso de descarbonización al 2050 parece insuficiente – y lo es-, este pequeño avance ha sido el punto de partida para movernos con mayor rapidez en leyes, políticas e iniciativas como son la actualización de la Política Nacional de Energía, la Estrategia Nacional de Huella de Carbono en Construcción y la Ley de Eficiencia Energética. Esta última contempla la implementación de varios requerimientos obligatorios para la edificación residencial y de uso público, lo que tiene como objetivo reducir la demanda y consumo de energía y a su vez transparentar al público a través de la Calificación Energética en qué rango de eficiencia está determinado proyecto y, por ende, qué impacto tiene en reducir emisiones de CO2 relaciona as con la etapa de operación.

Es relevante destacar que además la Ley incluye la obligatoriedad de que grandes consumidores implementen sistemas de gestión de la energía, en base a ISO 50001 con objetivos y metas de cumplimiento. Desde luego que aún faltan los reglamentos, pero ya tenemos claros los hitos y por lo tanto como sector nos corresponde prepararnos para sortear con éxito las posibles brechas que aparezcan como resultado de un avance tan trascendental como este.

Hasta antes de la aprobación de la ley, las nuevas viviendas podían certificar su eficiencia energética solo voluntariamente. Ahora la certificación será obligatoria ¿Qué desafíos implica este cambio para el sector?

Lo primero es aclarar que la Calificación que se indica en la ley de eficiencia energética no constituye una certificación, Las certificaciones son verificadas por una tercera parte independiente y si bien son las mejores herramientas para lograr excelencia en el desempeño sustentable de una edificación, permanecen voluntarias porque ese es el espíritu de este tipo de herramientas.

Efectivamente y hasta la fecha, la Calificación Energética de Vivienda (CEV), es voluntaria para viviendas nuevas, es decir, solo aplica al sector residencial. La Ley incluye una nueva calificación para edificios de uso público, es decir, todos aquellos que no sean residenciales, los que también deberán medir y comunicar demanda y consumo con una metodología similar la que está actualmente en desarrollo.

El principal desafío, tiene relación con la obligatoriedad de mostrar el desempeño energético, esto necesariamente va a implicar un impacto positivo y es que desarrolladores y fondos de inversión deberán mejorar sus estándares de diseño y construcción para ser cada vez más competitivos y a la vez, tratar de comunicar de la forma más clara posible porque una vivienda con letra B es mejor que una C sin necesariamente traspasar esos costos al usuario final.

Para los desarrolladores inmobiliarios, el requerimiento de la ley de calificar proyectos de edificación implica que deben reevaluarse diseños, procesos, materiales, sistemas y por lo tanto acelerar la innovación en estas áreas, lo que necesariamente implica impactar positivamente el crecimiento de un mercado de insumos y profesionales capacitados.

Por otro lado, el Estado como desarrollador, tiene el desafío de cubrir el déficit de viviendas que existe y que se ha incrementado desde fines del 2019 con la aparición de tomas y campamentos y proveer unidades residenciales que garanticen un menor uso de energía y una mejor habitabilidad, lo que podría impactar el presupuesto destinado a esta área en el sentido que se debe aumentar la cantidad de proyectos habitacionales a la vez que se incrementa la calidad de las mismas, ya que si bien la Ley no te obliga a tener una letra mínima de desempeño, se espera que el sector público dé el ejemplo proveyendo viviendas con un desempeño mejor que el mínimo que se califica con la herramienta.

Se espera la reglamentación de la ley en los próximos meses, ¿Qué expectativas tiene el sector ante esta reglamentación?

La actualización de la reglamentación térmica es el eje conductor de lo que esperamos como parte de lo que establece la ley. Sabemos que lo que se requiere a la fecha es insuficiente y que resulta paradójico que un país que ha liderado compromisos y que ha hecho de la lucha contra el cambio climático parte del discurso cotidiano, tenga requerimientos tan mínimos en lo que a desempeño energético se refiere.

No debemos olvidar, que nuestro país está afecto a 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática y uno de ellos tiene que ver con contaminación del aire, lo que además tiene un impacto enorme en la salud pública en términos de enfermedades crónicas.

La pandemia además, ha dejado aún más en evidencia distintas situaciones relacionadas con una deficiente calidad de la infraestructura residencial; hay datos desoladores relacionados por ejemplo con pobreza energética en donde tenemos ciudades en donde sus habitantes están 0 horas dentro de los rangos de confort térmico, lo que implica uso de combustibles contaminantes para calefaccionarse, ventilación natural insuficiente y, porque además, los requerimientos de diseño y protocolos de construcción no están a la altura de las circunstancias actuales.

Pese a todo lo mencionado, aún subsiste el problema de ¿Quién paga por estas mejoras? Ya que sabemos que con la nueva RT, los requerimientos de aislaciones y vidrios se incrementarán y hay que evaluar la absorción de estos sobrecostos. Los beneficios son claros, las externalidades positivas pueden cuantificarse, pero en lo inmediato, lo que hay que resolver es el dilema ético de diseñar y construir para mejorar la calidad de vida de las personas o bien hacerlo para rentabilizar al máximo una inversión. Y eso requiere comprometer a los distintos actores e interesados en este nuevo paradigma que es construir sustentablemente, poniendo a las personas y comunidades en el centro del quehacer del sector.

¿Cómo ayudaría la certificación Greenbuilding al cumplimiento de esta ley? ¿Cree que la ley ayudará a impulsar la certificación o multiplicará la competencia?

Chile es un país, que pese a ser pequeño ha sido terreno fértil para la implantación y desarrollo de certificaciones internacionales como es el caso de LEED, herramienta norteamericana líder a nivel global -difundida por nosotros al igual que otras-, que no solo aborda requerimientos de eficiencia energética sino otros varios relacionados otros aspectos de desempeño sustentable igual de relevantes y que tienen relación directa con reducir emisiones a la vez que garantiza mejores espacios para las personas.

Adicionalmente, puede usarse en distintos tipos de edificaciones ya sean nuevas o existentes e incluso en comunidades y ciudades. Hace un par de días supimos que llegamos al proyecto registrado número 500, lo que consolida a nuestro país como tercero en la región después de Brasil y México y como líder en ciertas tipologías de proyectos como es el caso del retail.

Además tenemos la presencia de otras certificaciones internacionales como EDGE y Breeam que también califican la optimización energética y reducción de emisiones. Y somos el único país de Latinoamérica en contar con dos certificaciones multicriterio para edificios de uso público, como es la Certificación Edificio Sustentable (CES), y para edificación residencial como es la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS). Ambas voluntarias, y en el caso de la segunda, incluye la Calificación Energética de Vivienda (CEV) para evaluar demanda y consumo de energía.

En base a lo mencionado, se producen dos escenarios interesantes, el primero es que la Ley de Eficiencia Energética no es lo suficientemente flexible como para permitir que un proyecto certificado pueda eximirse de la Calificación siendo que las certificaciones garantizan que una edificación tiene un desempeño muy superior al de la normativa base.

Este es un problema que sucede a menudo e implica que la política pública no siempre conversa con la realidad y hubiera sido un gran incentivo que se hubiera flexibilizado este requerimiento permitiendo que proyectos – residenciales o de uso público- LEED®, CES, CVS, Passivhaus y otros quedaran exentos de calificarse.

El segundo es que, al ser en el futuro la calificación obligatoria, este ya no será un diferenciador tan contundente, más allá de la letra por lo que los desarrolladores podrían optar por certificar sus proyectos para ser más competitivos y captar a un usuario final cada vez más comprometido e interesado en sustentabilidad. Esto último es una buena noticia, ya que implicaría que al certificarse más proyectos inmediatamente se incrementan los estándares de eficiencia lo que tendrá un impacto directo en el uso de recursos, reducción de emisiones y mejora en condiciones de uso y habitabilidad.

Lo relevante aquí es alinear iniciativas y políticas públicas y que las certificaciones se consideren como conductores importantes para acelerar la transición a un sector construcción más resiliente.

Muchas constructoras creen que hacer un edificio eficiente es solo poner paneles solares, ¿Cómo podemos mostrar que la ambición es mucho mayor?

Hace poco salió un estudio liderado por EBP Chile que justamente mostraba cuánto falta comunicar al usuario final lo que realmente es un edificio sustentable y las ventajas de elegir vivir y/o trabajar en uno. Esta falta de información abre espacios para el greenwashing por parte de algunas empresas del rubro y para que deliberadamente en la difusión de atributos se incluya información que puede resultar insuficiente y engañosa. En el mismo estudio, los usuarios finales indicaron que priorizarían en la compra de sus viviendas el que tuvieran materiales bajos en carbono, esto implica que hay interés en involucrarse a través de las decisiones de compra pero que debemos encontrar la forma de transmitir la información de una manera gráfica y entendible y para eso, trabajar con desarrolladores, arquitectos y constructoras es fundamental.

Ahora, con respecto a inmobiliarias, fondos de inversión y constructoras, estas empresas saben perfectamente que instalar paneles solares y doble vidriado hermético no es suficiente y que en un futuro cercano será lo mínimo requerido; que se necesitan cambios de enfoque como es en materia de emplazamiento, diseño, selección de materiales, procesos constructivos y protocolos de inspección, lo que necesariamente implica modificar la forma de hacer las cosas y eso necesariamente requiere recursos ya sea en términos de tiempo, creación de nuevas capacidades, económicos, etc.

Es por esto por lo que la ley y todas las implicancias anteriormente expuestas son tan relevantes, porque finalmente estás empujando al sector a que sea más innovador y competitivo y que vea a la sustentabilidad como un generador de valor importante que además permite en el interior de las empresas mejorar las habilidades de sus profesionales, captar y retener más talento y diversificar la oferta, pero esta vez en base a atributos de mucho mayor impacto como son aquellos que requieren certificaciones y que van más allá de la calificación que será obligatoria.

¿Creen que el costo de las inversiones en estas certificaciones se va a traspasar a los clientes?

Es altamente probable que esto suceda en algunos segmentos, sobre todo en aquellos que están dispuestos a pagar por edificaciones con atributos de sustentabilidad validados, como el caso de los proyectos certificados (que ya vimos no es igual a la calificación que será obligatoria como parte de la ley).

Ahora, el sector residencial se comporta diferente a la edificación de uso público ya que en la segunda muchas de las exigencias son corporativas y por lo tanto responden a lineamientos organizacionales o de mercado en tanto que en la primera el usuario final es más diverso y hay un componente adquisitivo que impacta en la demanda.

En el caso de la calificación, en nuestro trabajo como Corporación trabajando con distintos actores de la industria, hemos visto que efectivamente hay cierto resquemor por parte de algunas inmobiliarias en relación a cuánto más habrá que invertir para mejorar la letra y ser más competitivos y en ese mismo escenario si es rentable asumir ese costo porque efectivamente se incrementará la demanda, es decir, podremos eventualmente encontrarnos con el fenómeno de que se hace el mínimo esfuerzo para cumplir con lo básico porque la demanda no es un incentivo o bien, buscar otras herramientas de posicionamiento como es el caso de las certificaciones y por lo tanto incrementar la letra de la calificación.

El escenario más favorable, es que las empresas asuman estos costos como parte de la mejora de sus servicios y productos y que se esfuercen en comunicar cuán alineados están con el objetivo de enfrentar la urgencia climática desde sus negocios específicos. Actualmente “lo reputacional” tiene un gran valor y en el caso de la construcción, estamos siendo testigos de cómo este factor ha implicado que hoy Chile se posicione como líder en certificaciones y en iniciativas sectoriales para reducir emisiones, incorporar la circularidad en los distintos procesos e incentivar prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático.