En este contexto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha avanzado el 6 de abril, que el Ayuntamiento ha encargado los informes jurídicos necesarios para proceder a tramitar las sanciones que sean aplicables en casos de incumplimiento de la ley, especialmente en cuanto al principio de precaución que obliga a las compañías, en caso de vulnerabilidad, a solicitar los informes de exclusión preceptivos y aplicar las ayudas y descuentos necesarios antes de realizar cualquier corte de suministro.

En caso de incumplimiento de esta obligación, las sanciones pueden ser de entre 10.000 y 100.000 euros, o incluso, en casos de sanciones graves o muy graves, ha recalcado Colau, pueden determinar la imposibilidad de las compañías de contratar con la Administración. Cada vez que el Ayuntamiento tenga conocimiento de un corte hecho efectivo a una familia vulnerable que no disponga del informe correspondiente se pondrá en marcha un procedimiento sancionador.

En paralelo a las negociaciones con las compañías, y para dar respuesta a la situación de emergencia que viven muchas familias, el Gobierno municipal ha redoblado esfuerzos en la lucha contra la pobreza energética, promoviendo medidas como el incremento de las ayudas económicas de un 22% respecto al año anterior, la apertura de cuatro puntos de atención a la pobreza energética y la convocatoria, por primera vez, de ayudas para rehabilitar el interior de las viviendas.

Junto con estas medidas desplegadas también se trabaja para constituir un operador energético propio, con un sistema tarifario justo para todos, y para el retorno a la gestión pública del agua a través de un operador propio, revirtiendo el proceso de privatización.