Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa a tres años de vigencia de la ley 11/2018 no se aprecian grandes avances en la información no financiera que aportan las empresas.

El informe “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”, referente al ejercicio 2020, analiza la calidad de la información no financiera reportada por las empresas del IBEX 35 en 7 áreas: buen gobierno, lucha contra la corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y clientes y consumidores, pone el foco en el impacto que la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad ha tenido en el reporte de estas empresas.

Desde que entrara en vigor la ley en 2018, la valoración global sobre la calidad de la información que reportan las empresas del IBEX 35 ha mejorado, pasando de 26,88 puntos sobre 100 en el año 2017 a 39,72 en 2020. A pesar de esta mejoría, sin embargo, aún están las empresas del IBEX 35 muy lejos de alcanzar la calidad pretendida por la norma.

Según Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC “Pese a este ligero avance, las conclusiones del estudio evidencian importantes carencias que plantean la necesidad de mejorar el marco regulatorio y la supervisión con relación a su cumplimiento”. Y añade que “Contar con una información no financiera comparable, fiable, material y relevante es uno de los fundamentos para conseguir los objetivos marcados por Europa y España que a través de distintas estrategias y planes persiguen virar nuestra economía hacía un modelo sostenible”.

Las 5 primeras empresas en el ranking son: Iberdrola, Endesa, REC, Acciona y Banco Santander. Las 5 últimas empresas del ranking son: Solaria, IAG, Almirall, ArcelorMittal y Acerinox. Las empresas del IBEX 35 aportan información más completa en las áreas de clientes y consumidores, seguido de los aspectos laborales y de medioambiente. Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

El estudio analiza la información no financiera del 2020, en los meses en los que el impacto económico generado por la pandemia ha sido más relevante. En un contexto en donde los resultados de las empresas se vieron minorados y el Estado respondió con diversas medidas de apoyo económico a las empresas, sería consecuente que las empresas del IBEX 35 también adoptaran medidas de responsabilidad económica. Sin embargo, solo 6 empresas informan no haber realizado reparto de dividendos durante el 2020. Estas empresas son AENA, Amadeus, ArcelorMittal, IAG, Indra y Melià Hotels.

Con relación a la retribución global de los consejeros, 23 de las 35 empresas del IBEX 35 experimentó una disminución con respecto al año anterior, llegando 6 de ellas a una disminución superior al 30%. Sin embargo, la retribución media devengada por el conjunto de los consejeros de empresas pertenecientes al IBEX 35 en 2020 se situó en 735.000 euros anuales, lo que supone un incremento de 25.000 euros anuales por consejero respecto a 2019, de acuerdo con el Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros de las Sociedades Cotizadas de la CNMV.

La tendencia creciente sobre una mayor regulación de la responsabilidad de los consejeros en términos sociales y medioambientales ha incidido en que más empresas, 20 en 2020, informen sobre objetivos sociales, medioambientales y de buen gobierno (ASG) en sus sistemas de incentivos a través de la remuneración variable. Sin embargo, es anecdótica la presencia de consejeros con conocimientos y experiencia en integridad y RSC, siendo solo 5 empresas las que cuentan con estos perfiles.

Sin avances en la debida diligencia en derechos humanos en las empresas del IBEX 35

La información que aportan las empresas del IBEX 35 sobre la gestión de los impactos sobre los derechos humanos sigue siendo el área peor valorada del análisis. Un año más se constata las buenas intenciones de respeto de los derechos humanos pero que quedan huecas si no van acompañadas de procedimientos de gestión.

Mientras que la mayoría de las empresas cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, solo 11 llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, y 7 informan sobre procedimientos para evaluar estos riesgos.  La identificación de riesgos constituye el primer paso de un proceso de debida diligencia y será exigido por la futura directiva de debida diligencia en derechos humanos y empresa [1]. Para afrontar las próximas obligaciones que las empresas van a tener que acometer en materia de sostenibilidad, es una mala noticia comprobar que las empresas españolas no abordan en su información estas cuestiones de manera suficiente.

La información sobre lucha contra la corrupción no aborda las cuestiones clave

Solo 8 empresas del IBEX 35 señalan riesgos específicos en materia de corrupción y baja a 7 las que aportan información sobre la realización de una evaluación de riesgos de corrupción a lo largo del año 2020. La mayoría se limitan a mencionar “controles” en materia de compliance, sin reportar hasta qué punto suponen una evaluación de riesgos.

Ninguna empresa identifica, entre los países en los que tiene presencia, aquellos que presentan un mayor riesgo de corrupción. Las empresas que más presencia tienen en países de riesgo extremo y riesgo alto en corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2020 (Inditex: 49 países, Amadeus: 42, Indra: 40, ArcelorMittal: 34, Siemens Gamesa y ACS: 29) facilitan escasa información sobre cómo han afrontado estos riesgos en 2020.

Persiste un incumplimiento reiterado de las obligaciones de la Ley de Transparencia [2], pues solamente 3 de las 26 empresas que son sujeto obligado, tienen apartados específicos de transparencia en su web corporativa, con diversos grados de exhaustividad y limitaciones en cuanto a la información sobre subvenciones y contratación pública.

La emergencia de la COVID-19 supuso la agilización de los procedimientos para la contratación pública o el apoyo a las grandes empresas. En este contexto la transparencia tanto de las instituciones contratantes (o bien concedentes de diversos apoyos financieros), como de las empresas beneficiarias tiene que ser máxima y con información adecuada en cuanto a las características, importes y condicionalidades de las ayudas o contratos obtenidos en el contexto de la emergencia sanitaria.

En el periodo de 2020, 7 empresas del IBEX 35 fueron beneficiarias (subvenciones o préstamos), pero solo 4 reportan específicamente los importes recibidos por dichos conceptos. Ninguna informa sobre la contratación por vía de emergencia, de la que se habrían beneficiado 7 de las 35 empresas entre marzo y diciembre de 2020, de acuerdo con la organización Civio.

En cuanto a las actividades de lobby, solo 2 empresas disponen de una política específica. Un total de 10 empresas informan estar registradas en 2020 como grupo de interés directo en alguna institución pública y 7 empresas detallan la actividad de lobby realizada con relación a desarrollos regulatorios de políticas públicas vinculadas con su ámbito de actividad. Apenas 1 empresa menciona actividades orientadas a la obtención de apoyo financiero público (subvenciones, préstamos, reducciones o aplazamientos de impuestos y cuotas a la seguridad social) en el contexto de la crisis sanitaria. Por otro lado, 14 empresas cuentan en su consejo de administración con ex altos cargos, en España o en el extranjero, que cesaron de sus funciones en un plazo menor a 10 años respecto a su incorporación al consejo (12 de ellas en España).

La ley de información no financiera no provoca mayores marcos de transparencia

Las empresas del IBEX 35 han registrado un bajo nivel de cumplimiento de las disposiciones de la Ley 11/2018 durante el ejercicio 2020, de acuerdo con la metodología empleada por el Observatorio de RSC, por lo que no se puede afirmar que esté teniendo un impacto significativo en la transparencia en su tercer ejercicio de aplicación.

La falta de criterios específicos sobre la información a reportar limita en gran medida la eficacia de la Ley y es sin duda un factor relevante a la hora de explicar los bajos resultados y debería ser abordado con urgencia por parte de las autoridades competentes. Pero estas circunstancias no excusan la falta de transparencia sobre la gestión de los riesgos.

La experiencia de los ejercicios 2018 y 2019 debería haber servido tanto a los reguladores como a las propias empresas para corregir la indefinición en torno a la información que deben reportar en el marco de esta Ley.

En la práctica, los Estados de Información no Financiera de las empresas del IBEX 35 reproducen la heterogeneidad de fórmulas de reporte que tradicionalmente han arrastrado los informes de gestión, sin suponer un gran avance en términos de exhaustividad y comparabilidad de la información no financiera ofrecida por los sujetos obligados.

Pese a las carencias detectadas en los Estados de Información no Financieros, no se ha encontrado ninguna salvedad en los informes de verificación que realizan entidades externas. Lo anterior evidencia la divergencia de criterios seguidos por los verificadores externos con relación a la información y a las conclusiones del presente estudio.
 

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