Esta propuesta da cumplimiento al mandato Constitucional, al marco normativo vigente relativo a los derechos humanos de las mujeres, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 5 cuyo objetivo es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres.

El modelo propone la aplicación de la equidad de género en el ámbito empresarial público, pero puede ser utilizado también por el sector privado con el fin de mejorar la situación de las mujeres a través de seis componentes; (1) equidad en la gestión de personal, (2) tolerancia cero a todas las formas de violencia y discriminación, (3) normativa y cultura organizacional inclusiva y equitativa, (4) conciliación entre la vida laboral y familiar, (5) formación con y para la equidad, y (6) comunicación sensible al género.

Para Carolina Taborga, representante de ONU Mujeres en Bolivia,  es fundamental  que en la aplicación de este Modelo se tenga el “apoyo de los tomadores de decisión, ya que su éxito dependerá de su adecuada implementación en el día a día de la empresa”. Destacó que el Modelo fue desarrollado con el fin de otorgar condiciones de trabajo que permitan superar las barreras que limitan la participación de las mujeres como actoras en el proceso productivo y promover la democratización de las tareas de cuidado al interior de las familias.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo, tiene como tarea la transformación y diversificación de la matriz productiva nacional, considerando una serie de estrategias y acciones que puedan fortalecer a todos los actores productivos, lo cual no puede ser posible sin la participación de las mujeres, como actoras fundamentales del proceso de cambio.

En el país, a partir del nuevo modelo económico, implementado desde el año 2006, se han creado diversas empresas estatales como EBA, LACTEOSBOL y EMAPA bajo la tuición del MDPyEP.

Los beneficios del modelo son concretos y medibles toda vez que permiten incrementar los niveles de eficiencia, compromiso y productividad de la empresa, considerando las siguientes ventajas:

• Mayor productividad a través de la focalización en los procesos y procedimientos de la empresa para un mejor desempeño, a partir de una gestión por competencias que incrementa la productividad, lo que permite contar con un personal calificado y proactivo que aporta a la productividad de la empresa.
   
• Consolidación de una imagen empresarial responsable socialmente, de manera que los productos realizados con principios éticos sean altamente valorados por las personas y permiten un posicionamiento empresarial de respeto a los derechos humanos y contra todo tipo de discriminación y violencia en razón de género.