Según el ONU Ambiente, el valor monetario total de los productos naturales del mundo, como el agua limpia, el suelo fresco y el aire limpio, ronda los 53 mil millones de dólares (cifras de 2010). Asimismo, las malas prácticas agrícolas le cuestan a la economía mundial entre 4 y 20 mil millones por año.

En medio de la creciente demanda por parte de consumidores e inversionistas de prácticas comerciales sostenibles, agravada por estudios científicos que concluyen que la necesidad de actuar ante los desafíos climáticos, la responsabilidad de la industria de alimentos y de sus inversionistas es cada vez mayor.

La industria de alimentos es cada vez más consciente de los altos riesgos que corren en materia de Derechos Humanos, en especial en sus cadenas de suministro.  La mayor compañía cárnica del mundo, JBS, perdió el acceso a un comprador clave después de ser investigada por trabajo forzoso. El Grupo WH, propietario de Smithfield Foods, se ubicó en el último lugar del ranking sobre trabajo forzoso en la industria de alimentos. Monster Beverage también recibió una puntuación fallida y, como resultado, enfrenta una presión continua de los accionistas.

Todos estos ejemplos muestran que no es suficiente con emitir políticas corporativas de derechos humanos, las empresas también necesitan establecer mecanismos efectivos para monitorear sus cadenas de suministro y escuchar directamente a los trabajadores para ayudar a terminar con el trabajo forzoso, mitigar los riesgos de derechos humanos y garantizar lugares de trabajo equitativos.

La presión del sector financiero

Los inversionistas están presionando cada vez más por un mayor compromiso de la industria de alimentos con los DD.HH. Este año, se presentaron más de dos docenas de resoluciones de accionistas relacionadas con derechos humanos y compañías de alimentos, incluyendo McDonald's, Hershey y Dean Foods.

Un nuevo informe de CERES, presentó el caso de negocio para una mejor comunicación entre empresa y cadena de valor en materia de DD.HH. y trabajo forzoso. También describe cómo las empresas pueden fortalecer los sistemas de cumplimiento de los derechos humanos en las cadenas de suministro de productos básicos de alto riesgo.

Los costosos litigios, la publicidad negativa y los impactos adversos en el mercado son  algunos de los riesgos mencionados por CERES que enfrentan las empresas de alimentos al no identificar y abordar los problemas de derechos humanos en toda la cadena de valor.

Por otro lado, más de tres cuartos de las 21 compañías de alimentos evaluadas por CERES tienen políticas formales de derechos humanos, en comparación con menos de la mitad en la evaluación de 2014. Sin embargo, la mayoría de las empresas aún carecen de sistemas de administración integrales para garantizar que esas políticas se implementen.

Un componente clave de un sistema de gestión totalmente integrado son los mecanismos de reclamo efectivos que todos los trabajadores, comunidades y grupos de la sociedad civil en una cadena de suministro pueden utilizar para denunciar abusos y remediar problemas sin temor a represalias. Al implementar estos mecanismos, las empresas pueden identificar los riesgos negativos de los derechos humanos y comunicarse con los trabajadores para remediarlos de manera eficiente y proactiva.

“Las compañías que no logran integrar los mecanismos de reclamo en sus sistemas de cumplimiento crean graves riesgos de reputación y litigios si los abusos de los derechos humanos se convierten en conocimiento público o se manejan de manera incorrecta”, indica el informe de CERES. “Asegurarse de que los trabajadores reciban educación sobre sus derechos y sepan cómo denunciar los abusos a través de canales imparciales y utilizables, protege a las empresas y su licencia para operar en comunidades, al tiempo que amplifica la voz de los trabajadores”.

Wilmar International, una importante empresa de plantación de aceite de palma en Asia, tiene una experiencia de primera mano sobre los riesgos de no gestionar proactivamente los riesgos de derechos humanos. La empresa enfrentó importantes costos de litigios, reputación y mercado. Desde entonces, Wilmar ha realizado mejoras, particularmente en el establecimiento de un programa integral de reclamos que incluye la divulgación del progreso en el tratamiento de quejas. Esto cubre todas las sospechas de violaciones e inquietudes relacionadas con los derechos humanos y ambientales en sus operaciones directas y su cadena de suministro.

Deudas pendientes de los inversores

El sector financiero aún tiene mucho por hacer para asegurar los riesgos de sus inversiones. Global Canopy y WWF encuestaron a 24 de los bancos regionales y nacionales más grandes del sudeste asiático y Brasil interrogándolos sobre sus políticas de préstamos en empresas productoras de carne, aceite de soja, aceite de palma y mariscos. Como principal conclusión, ninguno de los bancos tenía un marco establecido para ayudar a mitigar y gestionar los impactos ambientales y sociales negativos de estas empresas.

En cuanto al aceite de palma, casi un tercio (30%) de los bancos habían establecido políticas de préstamos para sectores específicos que incluyen cláusulas de sostenibilidad. Sin embargo, solo una empresa se había comprometido públicamente a ayudar a las compañías de aceite de palma dentro de su cartera a reducir su impacto de la deforestación.

Estos hallazgos han llevado a WWF y Global Canopy a concluir que las empresas financieras ahora tienen una "oportunidad histórica" ​​para ayudar a las empresas de productos básicos blandos en las que invierten a mejorar sus impactos.

"El sector bancario en el sudeste asiático tiene una oportunidad histórica para suscribir la seguridad alimentaria regional y obtener los beneficios de miles de millones de dólares en sus carteras de préstamos e inversiones", dijo Tom Bregman, asociado senior de finanzas sostenibles de Global Canopy.