En el marco del reciente lanzamiento a nivel mundial de la Alianza 8.7 para erradicar el trabajo forzoso, la trata de seres humanos y el trabajo infantil en todas sus formas, Pedro Furtado de Oliveira, Director de la oficina de País para la Argentina de la OIT, abrió el espacio creado con el fin de “conectar esfuerzos y promover el diálogo entre los distintos sectores involucrados en la lucha y la prevención del trabajo infantil y el trabajo forzoso”.

El encuentro contó con la presencia del Secretario de Trabajo de Estados Unidos, Thomas Edward Perez, quien aseguró que desde su país se encuentran trabajando para incrementar la concientización sobre estas problemáticas. “La lucha contra este tipo de causas implica el compromiso de todos. Un gobierno solo o una organización sola, no pueden hacerlo”, destacó.

Para comenzar, Ezequiel Sabor, Secretario de Trabajo en Argentina, afirmó que “la única forma de salir de la pobreza es con trabajo decente”. Y agregó: “Desde el Ministerio tomamos la decisión de que nuestro país tiene que seguir siendo líder en la región y debe ser un ejemplo para los países vecinos en la lucha contra el trabajo forzoso y  la generación de trabajo de calidad. Queremos competir en el mundo con trabajo decente, y el trabajo de calidad se da cuando el trabajador puede tener previsión, puede pensar a futuro”.

Sabor comentó, además, que hace 15 días el Ministerio anunció la realización de la IV Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Empleo Juvenil, que se llevará a cabo en noviembre del año que viene en el país. “Para esta conferencia queremos trabajar y discutir para que todos los participantes se vayan de Buenos Aires con una agenda concreta para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso.”

Por su parte, Esteban Eseverri, Director de Programación Financiera de Programas de Empleo y Capacitación Laboral del mismo Ministerio, afirmó que “los niños que trabajan luego no pueden  incorporarse al mercado laboral, por lo que estamos trabajando junto con la OIT en esta conferencia y esperamos en ella sumar la mirada de los distintos actores y países participantes”.

Luego fue el turno de Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente 1º de la UIA, quien manifestó que “el trabajo forzoso tiene causas económicas, sociales y culturales” y que “en Argentina hay que transitar el camino hacia la formalización a través de alianzas público privadas y en conjunto con los sindicatos”. El representante de los empleadores aclaró además que desde la Unión Industrial “no creen en un compromiso económico sin un compromiso social”.

Marta Pujadas, Coordinadora del Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente de la CGT, reconoció que “la realidad del trabajo ha cambiado” y que “la ratificación del Protocolo es un avance de compromiso efectivo”. Se comprometió, además, a “trabajar desde la acción sindical a  informar, difundir y capacitar en estos temas, además de colaborar en la detección y la sanción de los empleadores que emplean mano de obra infantil o forzosa”.

A continuación, el Secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, dijo: “Argentina debe llegar a la Conferencia Global con un plan que integre el trabajo infantil con el trabajo forzoso. Un plan nacional debe comprometer a los tres Poderes, al empresariado y a los trabajadores organizados” y anheló que “el Gobierno Nacional acepte llegar a la IV Conferencia con políticas claras respecto a esta cuestión”.

Para concluir, Hugo Yasky, Secretario General de la CTA, expresó que “cuando un país crece en los derechos de sus trabajadores, crece en democracia, crece en la valoración de su ciudadanía y construye un presente más digno para todos sus habitantes”, por lo que el papel de los sindicatos “es fundamental” y este tipo de organizaciones “deben incorporar temas que defiendan la dignidad del trabajador”.

Más adelante, la visión judicial de la problemática estuvo a cargo de Marcelo Colombo, Titular de la PROTEX. El abogado argumentó que “las normas del Protocolo tienen un impacto muy directo en el funcionamiento de la Procuraduría” ya que el mismo “estipula el uso de las fuerzas de inspección laboral como uno de los valores principales para la detección de los casos de trata y explotación”.

Colombo explicó que “no siempre el trabajo forzoso requiere la falta de libertad del empleado, sino que el abuso por parte del empleador puede ser la razón por la que no se pueda cortar la relación laboral”.

Según datos de este organismo, la primera condena por trata laboral en Argentina se dio entre 2011 y 2012 y desde entonces el país cuenta con 90 condenados y 238 procesados por este delito, siendo los sectores más sensibles el textil y el agropecuario.

Para finalizar, el cierre estuvo a cargo de Sebastián  Waisgrais, especialista en Monitoreo e Inclusión Social de UNICEF Argentina, quien luego de moderar el panel resumió los tres puntos destacados de la jornada: los compromisos que demuestra la Alianza 8.7, la ratificación del Protocolo como un trabajo de consenso multisectorial y la lógica tripartita que debe tener la IV Conferencia Global sobre trabajo infantil y trabajo forzoso de la que Argentina será sede en un año.