La Declaración Tripartita sobre las Empresas Multinacionales, es el único instrumento de la OIT dirigido a las empresas, además de a los gobiernos y a organizaciones de empleadores y de trabajadores.  Se considera el principal instrumento de orientación en lo relativo a la dimensión laboral de la responsabilidad social de la empresa. La Declaración alienta la contribución positiva que las empresas pueden hacer al progreso económico y social con recomendaciones que reflejan el consenso internacional y las áreas de buenas prácticas.

 

¿A qué áreas apuntan las recomendaciones para empresas? 

 

Las empresas deben esforzarse por aumentar las oportunidades y niveles de empleo, teniendo en cuenta la política y los objetivos de los gobiernos a este respecto. Deben dar prioridad al desarrollo de los trabajadores en el empleo y a la formación profesional y  procurar encadenamientos productivos con empresas domésticas con la idea de jalonar el desarrollo y el cumplimiento en las PYMEs locales. 

 

 

En los últimos 15 años hemos visto un gran avance en el interés de las empresas multinacionales por estos temas.  Como ejemplo, podemos citar la avidez en muchos países de la región por esquemas voluntarios como el Pacto Global de Naciones Unidas.  Hay países donde este interés es mas evidente y con mas participación:  Colombia y Chile son buenos ejemplos.  Sin embargo la realidad es que el escrutinio y el entendimiento de las empresas de los consumidores latinos en estos temas es aún bastante incipiente. 

 

 

Estos códigos de conducta han ido evolucionando de lo puramente laboral a temas nuevos como el uso del agua, la tenencia de la tierra y la consulta previa.  Las operaciones de las grandes empresas mineras y agrícolas reciben auditorías ambientales y/o sociales; para poder hacer negocios, deben conseguir certificaciones en estos temas.  Las empresas que producen puramente para los mercados domésticos rara vez tienen este tipo de presión y esto se hace evidente en la falta de monitoreo de la cadena de abastecimiento.  

 

 

Efectivamente la CEPAL estima que antes del fin del 2020, 2.7 millones de empresas podrían cerrar.  Esto es equivalente a 19% de las empresas de la región.  Los efectos de estos cierres serán devastadores para el empleo.  Según la OIT, se han perdido hasta ahora 34 millones de puestos de trabajo en América Latina y el Caribe debido a la crisis del COVID-19. La situación está generando una amplificación de las desigualdades en la región y se advierte que se verán retrocesos en temas como la abolición del trabajo infantil y la búsqueda de la igualdad para las mujeres.  Aun cuando en las últimas semanas se hayan observado los primeros indicios de recuperación, la OIT también predice que América Latina será la región donde la crisis económica generada por la pandemia será mas duradera.

 

 

Los sectores donde los déficits de trabajo decente son mas críticos están bien tipificados.  Uno es el sector rural.  Desafortunadamente la informalidad que caracteriza la labor agrícola, el hecho de que son áreas alejadas y de difícil acceso para el monitoreo, el hecho de que los trabajadores y trabajadoras tienen bajos niveles de educación, hacen que el trabajo adolezca de las condiciones mínimas:  contratos, protección social, salarios mínimos o negociación colectiva. También es en el sector rural donde vemos mas casos de trabajo infantil y donde el riesgo del trabajo forzoso aumenta. Situación similar se encuentra con el trabajo con pequeñas empresas, las que tienen de 2 a 10 empleados, donde igualmente la informalidad laboral es frecuente y la baja productividad se traduce en malas condiciones de trabajo.