Hewlet Packard Argentina donó equipamiento informático y software de base para apoyar la gestión de organizaciones sociales con proyectos emprendedores.  Esta donación de 28 equipos y software, enmarcada en la política de filantropía de HP, apunta a estimular el desarrollo de pequeños emprendimientos de sociedades civiles otorgándoles soluciones tecnológicas para optimizar la administración y gerenciamiento de sus propios  proyectos.

Diversos medios de Estados Unidos pusieron a las empresas Cisco y Hewlett-Packard en el centro de la escena una vez más por vender al gobierno chino equipamiento tecnológico para establecer un sistema de vigilancia y censura en Internet. Duros señalamientos de New York Times y Wall Street Journal. La opinión de John Ruggie sobre empresas y derechos humanos en este caso y el rol de inversores que decidieron retirarse de la empresa.

ASN Bank, uno de los principales bancos éticos de Holanda, ha anunciado que sus fondos de inversión dejarán de invertir en Hewlett Packard y Dell, porque dichas compañías incumplen los criterios fijados por la entidad, informa el portal de Internet "Goodelectronics.org". Dichos criterios establecen que el banco holandés no invierte ni financia a empresas implicadas en crímenes de guerra o en la fabricación de cualquier tipo de armamento.

Sólo seis empresas reciben y tratan convenientemente las baterías y pilas recargables usadas, cumpliendo con la resolución de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires para implementar esos planes. En este momento, solo Sony Argentina, Hewlett Packard, Canon, Nextel, Rayovac y Probattery han colocado puntos de recepción de baterías y pilas recargables correspondientes a sus productos. Claro, Telecom, Lenovo, Dell, Nokia, Kodak, Energizer e IBM, están a la espera de que la Agencia apruebe sus planes de gestión integral.Telefónica, Motorola, Panasonic y Duracell no han presentado plan alguno. En el caso de que al 1º de agosto sigan existiendo productores sin planes de gestión, la Agencia trasladará el costo de recolección, transporte y disposición final a las empresas para evitar que el mismo sea cubierto con los recursos del Estado. Estas sanciones podrían ser calculadas de acuerdo con la cuota de mercado de cada empresa.