Cisco y HP implicadas en el sistema de represión en China

27.07.2011 | Destacadas

Diversos medios de Estados Unidos pusieron a las empresas Cisco y Hewlett-Packard en el centro de la escena una vez más por vender al gobierno chino equipamiento tecnológico para establecer un sistema de vigilancia y censura en Internet. Duros señalamientos de New York Times y Wall Street Journal. La opinión de John Ruggie sobre empresas y derechos humanos en este caso y el rol de inversores que decidieron retirarse de la empresa.


En mayo, miembros del grupo Falun Gong de China demandaron a Cisco, acusándola de ayudar al gobierno de China en el diseño de un sistema denominado "Escudo de Oro" que fue utilizado para rastrear a los disidentes en Internet, que luego fueron detenidos y torturados.

Cisco niega la acusación y dice que la empresa no personaliza el equipo para ayudar a ningún gobierno a censurar contenido, interceptar comunicaciones o  perseguir usuarios. Sostiene que sólo vende el gobierno chino una edición  estándar de sus equipos y que no ha vendido cámaras fotográficas o software de gestión de imágenes, sino sólo equipos de la red general.  

En el blog de su director legal Mark Chandler se dice que la empresa “no provee ningún equipo que esté destinado de ninguna manera a facilitar su uso represivo”. 

En un editorial del 25 de julio titulado “Enablign China” el New York Times expresó la necesidad de establecer límites legales a las empresas estadounidenses que hacen negocios con gobiernos autoritarios y anuncia que los esquemas de control voluntario se han agotado. “La experiencia de Cisco confirma que necesitamos principios uniformes para guiar el comportamiento corporativo", sostiene.

"Los Estados Unidos necesitan normas obligatorias en materia de comportamiento ético para las compañías estadounidenses trabajan con gobiernos autoritarios”, sostiene el duro editorial del New York Times.

El ex representante de la ONU para empresas y derechos humanos John Ruggie también intervino en la polémica. En una carta dirigida al New York Times le expresó que  "sus lectores y todas las empresas deben de saber que la comunidad internacional recientemente ha adoptado principios que abordan estos temas. El mes pasado, las Naciones Unidas  aprobó los "Principios Rectorespara los Derechos Humanos y las Empresas", que se me pidió que se desarrollen en mi calidad de Representante Especial para los Derechos Humanos y las Empresas de la ONU". 

"Allí se incluyen disposiciones para que las empresas, cualquiera que sea su sector de la industria, sepan que deben "conocer y demostrar"  el respeto por los derechos humanos, y no infringir los derechos de los demás. La resolución de apoyo a losPrincipios Rectores fue aprobado por consenso, incluyendo a China", advierte Ruggie en su misiva.

Cinco años atrás Yahoo entregó  datos de un periodista chino que fue condenado a 10 años de cárcel. Luego de aquel episodio Yahoo, Microsoft y Google se unieron en una “Iniciativa de Red Global” para establecer los principios que incluyen la protección de "los derechos de libertad de expresión de sus usuarios cuando se enfrentan a las demandas del gobierno, leyes y reglamentos para suprimir la libertad de expresión. 

“Las empresas de Internet no debe tener los datos del usuario dentro de los países en que los tribunales condenan a las personas por escribir, hablar o pensar. Se debe advertir a los usuarios acerca de sus riesgos, y nunca deben censurar el contenido”, añade el diario. 

También se espera que Hewlett-Packard  participe en una licitación en parte de ese proyecto. En un artículo publicado este mes sobre el “Proyecto de Chongqing” en el Wall Street Journal, Todd Bradley,  Vicepresidente Ejecutivo que supervisa la estrategia de Hewlett-Packard en China expresó: "no es mi trabajo entender realmente para qué lo va a utilizar el Gobierno". 

"No es nada bueno", evaluó en diario sobre la frase del ejecutivo de HP.

Para Ruggie la cita de Bradley muestra que "aún en los campos legales más estrechos basarse en la ignorancia deliberada es un riesgo".

En enero de 2011, un grupo de inversores liderados por el Fondo de Inversión ético Boston Common Asset Management decidió vender su participación de más de 20 millones de acciones en  Cisco por encontrar debilidades en su política de Derechos Humanos, a la que no dudó en calificar de “engañosa”.