Esta iniciativa surge como respuesta a la reelección de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2022-2024, comprometiéndose a elaborar un plan nacional que fomente el diálogo y la efectiva implementación de los principios rectores. La necesidad de un plan de esta índole también recibió respaldo a través de recomendaciones de organismos de las Naciones Unidas.