Un nuevo estudio de SOMO vincula la política fiscal de los Países Bajos con la atracción de empresas multinacionales que operan en sectores de riesgo y que están vinculadas con violaciones a los Derechos Humanos en países en desarrollo. El estudio revela que las empresas investigadas por estas violaciones invierten en las filiales extranjeras a través de los Países Bajos, lo que les genera una reducción de los impuestos fiscales. Los resultados del informe establecen que el carácter voluntario de la RSC del gobierno holandés es un enfoque anticuado y claramente insuficiente.