La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales se ha pronunciado en contra de la decisión de la Junta de Castilla y León de impulsar la denominada responsabilidad social empresarial ya que puede “acabar en una nueva distorsión del mercado al introducir elementos que discrimen a unas compañías frente a otras”. Según el proyecto de ley (2012), las compañías que aprueben un examen de RSE tendrán prioridad en la concesión de contratos y ayudas públicas.