La norma sería mandataria para aquellas empresas que empleen a más de 5.000 trabajadores dentro de  Francia o a más de 10.000 en todo el mundo, y que los criterios a seguir en derechos humanos sean los que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), además de las legislaciones de los países donde se asiente la producción.

El debate sobre la responsabilidad de las empresas en el extranjero se acaloró luego de que ropa de la marca de la cadena francesa Auchan apareciera entre los escombros de la tragedia humanitaria Rana Plaza, Bangladesh, en 2013.

Según una encuesta, el 76% de los franceses creen que las multinacionales francesas deberían ser considerados responsables ante la justicia por los accidentes graves provocados por sus filiales y subcontratistas. 

En noviembre de 2013, tres miembros de la Asamblea Nacional francesa introdujeron un proyecto de ley sobre la debida diligencia de las empresas matrices hacia aquellos afectados por sus filiales y proveedores en el extranjero. El texto crea responsabilidad Civil y Penal para las empresas francesas en caso de violaciones de derechos humanos en el extranjero. Además,  invierte la carga de la prueba, con lo que las empresas son responsables de demostrar que han tomado las medidas necesarias para prevenirse.

El proyecto tiene detractores por derecha e izquierda al mismo tiempo. Los partidos de la oposición, Union pour un Mouvement Populaire (UPM) de Nicolas Sarkozy y Union des Démocrates et Indépendats (UDI), la han criticado porque lleva a las multinacionales del país a una situación de inseguridad jurídica, según recoge la prensa francesa. Por su parte, los partidos ecologistas y de extrema izquierda también se han posicionado en contra de la propuesta por considerarla débil en sus requerimientos y exigencias.