El objetivo de este plan, que cumple uno de los compromisos adoptados por la Secretaría de Estado para la Función Pública en materia de igualdad, es garantizar a los empleados públicos un entorno de trabajo donde se respete plenamente su dignidad a través, en primer lugar, de medidas de prevención (información, formación y sensibilización), así como actuaciones de protección y asistencia a las víctimas y de carácter sancionador para los autores del acoso.

El protocolo impulsa así la puesta en marcha de actuaciones formativas y la difusión de manuales divulgativos sobre esta materia, y establece también el procedimiento de respuesta ante una denuncia, basado en los principios de respeto, confidencialidad, diligencia, celeridad, imparcialidad, además de protección de la dignidad de las personas y ante represalias.

Se crea la figura de la Asesoría Confidencial para atender a las víctimas, así como un Comité de Asesoramiento de apoyo en la adopción de resoluciones ante un caso.

En esta reunión también se han alcanzado otros dos acuerdos referidos a criterios en materia de acción social y de elaboración de las memorias generales en el ámbito de responsabilidad social.