Se espera que en la Cumbre de París, la COP 21, se firme un acuerdo mundial que defina las políticas climáticas mundiales y los acuerdos de cooperación internacional a partir de 2020 para todos los países del mundo. Actualmente el único instrumento legal de esta naturaleza es el Protocolo de Kioto, que aplica solo para los países más desarrollados, y tiene objetivos de reducción bastante cortos en comparación con lo que la ciencia dice que hay que reducir si queremos estabilizar el clima mundial.

Este nuevo acuerdo deberá lograr el compromiso de los 194 miembros de la convención para lograr objetivos de reducción colectivos, compartidos, pero diferenciales, es decir, todos los países deberán aportar con reducción de emisiones, pero en la medida de sus respectivas capacidades. Esa es la primera diferencia con Kioto que aplica solo a los países más desarrollados.

Surge la incógnita de si el nuevo acuerdo terminará como el Protocolo de Kioto, sin ratificar por los países en desarrollo y sin obligaciones vinculantes. Según Enrique Maurtua Konstantinidis, Coordinador del Proyecto de Agendas Climáticas Nacionales de FARN, el nuevo acuerdo no puede dejar países de lado. “El mandato de la COP 17 (Durban) es claro, el nuevo acuerdo debe ser aplicable a todos. Ahora bien, el mecanismo para que entre en vigor está aún por decidirse, y ahí es donde este riesgo de que suceda como el protocolo de Kioto. De todas formas desde la fecha de aprobación del acuerdo hasta la entrada en funcionamiento (año 2020) aún quedan 5 años, en los que habría un tiempo prudencial para que todos los países puedan cumplir con los compromisos”.

El tema del financiamiento internacional se instala como el principal reto de la Cumbre. El acuerdo deberá fijar mecanismos para que los países más desarrollados puedan contribuir, por su mayor nivel de responsabilidad en temas de emisiones, con los países más pobres y vulnerables a generar proyectos de desarrollo sustentable y aplicar medidas de adaptación. También para apoyar aquellos de renta media (como Chile, y Argentina, por ejemplo) para poder afrontar medidas de reducción de emisiones.

El Llamado de Lima sentó las bases para esta nueva Cumbre. Se presentó, con fondos públicos provenientes de países desarrollados y en vías de desarrollo, el Fondo Verde para el Clima. Aunque se cuestiona que el Fondo solo alcanzó el 42% de la cantidad comprometida en el periodo inicial de propuestas de 2014, mientras se debería haber alcanzado un mínimo del 50% (4.700 millones de dólares). 

Las secuelas de la crisis de 2008 también presentan desafíos al tema de financiación. Los países en desarrollo ya no se enfocan en el financiamiento de la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino más bien en el financiamiento de los “daños y pérdidas” como resultado del calentamiento global. Los países más vulnerables necesitan que el nuevo régimen considere los daños y pérdidas para poder afrontar los impactos inminentes, pero los países más desarrollados no quieren atarse a pagar los costos.

El rol de EE.UU. y China es otro de los temas clave. El acuerdo China-Estados Unidos presentado en 2014 para luchar contra el cambio climático y fijar nuevas metas de emisiones de gases de efecto invernadero que fue calificado como “histórico”. Pese a esto no se ha logrado definir la escala necesaria de reducción de emisiones. En el 2015 toda la atención estará enfocada en si estas dos grandes potencias puedan al menos implementar en la política lo que han logrado en la diplomacia.  

Virginia Vilariño, Coordinadora Energía y Clima del CEADS, afirmó que el acuerdo bilateral firmado por China y USA hace unos meses "le otorga una expectativa diferente a la próxima COP, ya que históricamente han sido los países más renuentes a adoptar compromisos multilaterales en políticas climáticas y juntos explican casi el 45% de las emisiones mundiales".

Para Vilariño el foco no está puesto "sólo en lograr un acuerdo, sino sobre todo en la ambición y efectividad del mismo. Porque aun cuando se cumplieran con todas las reducciones prometidas hasta la fecha, las mismas equivaldrían al 60% de lo que se necesita reducir a nivel global según las recomendaciones del IPCC. En última instancia, la efectividad del Acuerdo de París, dependerá de las medidas de implementación de los Estados".

Enrique Maurtua Konstantinidis, Coordinador del Proyecto de Agendas Climáticas Nacionales de FARN, afirma al respecto lo siguiente:

“Es muy importante recalcar el concepto de equidad que es el que será clave para definir el acuerdo climático a finales de este año. Un concepto de equidad contempla que si bien China es la economía más fuerte y el principal emisor de emisiones globales, se mantiene dentro del grupo de países en vías de desarrollo y sin la misma cantidad de responsabilidad que USA por ejemplo, por todos los desafíos internos que tiene para luchar contra la pobreza entre otros. Entonces en un nuevo régimen climático equitativo, China debiera tener una carga de responsabilidad lo suficientemente grande como para poder reducir sus emisiones, pero nunca las mismas que USA por no tener el nivel de desarrollo interno que éste último y no poner en juego su economía y consecuentemente el bienestar de su población”.

“Ahora bien, estos conceptos de equidad y responsabilidad de acción son los que algunos de estos países utilizan para poner las cargas de responsabilidad en otros países. Por ejemplo, si un país desarrollado como Canadá demanda que China e India hagan mayores esfuerzos comparables con los propios, estaría implicando que países con poca capacidad (por sus desafíos de desarrollo interno) hagan esfuerzos que quizás no pudieran cumplir; o bien, estaría bajando el nivel de exigencia para un país como Canadá que está definitivamente en condiciones de hacer muchísimo más sin poner en riesgo el bienestar de sus ciudadanos ni su economía”.

El tema de las “Contribuciones Nacionales” es el elemento central del nuevo acuerdo climático, afirma Maurtua Konstantinidis . “Es muy importante que los países acuerden en este tratado una manera de compara los esfuerzos así como también mecanismos de incremento de la ambición, por ahora todos dicen que habría que tener uno, pero habrá que ver como lo terminan definiendo ya que esto implica comprometerse con antelación a futuros incrementos de los compromisos”.

El rol del sector privado en esta Cumbre es la principal novedad, su involucramiento ha sido clave para elaborar los informes que servirán de base para la Cumbre. 

Para Virginia Vilariño, Coordinadora Energía y Clima del CEADS, el futuro Acuerdo debe incluir un rol para las organizaciones empresariales representativas, y las mismas están dispuesta a trabajar con los gobiernos y la Convención para desarrollar este interfaz de beneficio mutuo.

"Una muestra del valioso aporte del sector privado para el logro de un Acuerdo es la iniciativa Low Carbon Technology Partnerships Initiative (LCTPi) que desarrolla el WBCSD en colaboración con la EIA (Agencia Internacional de Energía), apoyado por la Presidencia francesa de la COP 21. Tiene como objetivo presentar en la COP21 planes de acción para acelerar el desarrollo de tecnologías bajas en carbono y ampliar la difusión de soluciones de negocio consistentes con el objetivo de los 2ºC".

Si bien la acción de las empresas es clave, Vilariño afirma que "los gobiernos deben elaborar políticas que generen verdaderos incentivos para que los inversores privados amplíen y aceleren sus inversiones en soluciones de bajo carbono y en opciones de crecimientoresiliente al clima".

Otras iniciativas que instan al sector privado a generar acciones concretas para implementar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible son la carta abierta de los CEOs a los líderes mundiales para una urgente Acción por el Clima, apoyada por el Foro Económico Mundial, y la Guía para CEO sobre Acción Climática de cara a la COP21 del WBCSD.

Un tema que involucrará la acción empresaria será el tema del precio del carbón. Transformar los sistemas energéticos y productivos requerirá de estrategias de precios de carbono e instrumentos financieros adecuados.

Para Vilariño  el precio del carbono se traducirá en "un costo a gestionar (por ejemplo a través de un precio interno al carbono en una empresa) o un activo a comercializar (en un mercado de carbono por ejemplo). Los últimos años han surgido y se han afianzado diversos esquemas y mercados de comercio de emisiones a nivel doméstico y regional a lo largo del mundo: Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos y Canadá, Japón, Corea, China, Mexico, Brazil, India, entre los principales.

No es casual si consideramos lo siguiente: de acuerdo al IPCC, cualquier arquitectura para un futuro acuerdo climático será más costo eficiente si se apoya en mecanismos de mercado. Por lo que se espera que los mecanismos de mercado sigan afianzándose a futuro, articulándose cada vez más entre sí hasta ir convergiendo a un precio global del carbono. Este precio del carbono definiría las nuevas reglas de una economías de bajo carbono y resiliente al clima".