Las actividades de investigación, detección y prevención del fraude en la Argentina crecieron en los últimos cuatro años, especialmente después de los escándalos causados por algunas grandes compañías. Actualmente, la mayor cantidad de irregularidades se da en el nivel operativo (cajeros, compradores, personal de despacho, vendedores, etc.); sin embargo, las que más impacto tienen sobre la economía de la empresa son las cometidas por los altos cargos (CFO, CEO, Gerente General, Presidente).
Sobre esta base tuvo lugar el desayuno organizado por KPMG en el que se dio a conocer que el 33% de las empresas argentinas han tenido irregularidades de fraudes. En más del 70% de los casos los fraudes surgen por deficiencias del control interno de las compañías. Para combatir eso, la Ley Sarbanes Oxley, obliga al CEO a declarar por escrito que los mecanismos de control interno funcionan correctamente, tal como explicó Alberto Schuster, senior partner de KPMG Argentina. También reveló que el 6% de la facturación de las empresas en la Argentina se pierde por algún tipo de fraude, lo que equivale o supera la rentabilidad anual de las mismas.
Gerónimo Timerman, socio de Forensic Services KPMG Argentina, detalló las categorías de fraude, que son: malversación de activos (el más frecuente y el que menos daño causa); informes financieros fraudulentos; y corrupción (generado tanto por quien lo promueve como por quien omite su control intencionalmente). En cuanto a los indicadores, se distinguen 3 áreas: Compras (arreglos en licitaciones y sobornos); Ventas (fraude de transferencias, desvío de ventas o ventas de ficción: facturas falsas); y Tesorería (uso indebido del sistema de pago).
Finalmente, Timerman expuso las metodologías de prevención: Para la Prevención en sí misma, sugiere el diagnóstico de riesgo de fraudes, programas anti fraudes, controles internos, comunicación y capacitación así como la búsqueda de antecedentes en proveedores y empleados. Para la Detección de irregularidades propone implementar líneas anónimas para realizar denuncias, testear el cumplimiento de los programas anti fraude, realizar cruces de información, análisis electrónicos de datos y testeos de procesos y transacciones. Para conseguir las Respuestas deseadas lo mejor es los análisis contables, llevar a cabo entrevistas con los involucrados y el recupero y análisis de evidencia digital (mails).
Luego se trataron las distintas dimensiones en las que se da el fraude. Héctor García, de Funes de Rioja &Asociados, explicó la delicada situación de la dimensión laboral, ya que la legislación actual y el Poder Judicial hacen que no sea una tarea fácil el despido con causa o el inicio de una acción legal contra un empleado. No hay que precipitarse y se deben recolectar suficientes elementos probatorios.
En el ámbito penal, los delitos a tener en cuenta son: lavado de dinero, régimen penal tributario, asociación ilícita, residuos peligrosos, falsificación, defensa de la competencia, propiedad intelectual, régimen penal cambiario, balances falsos, insolvencia fraudulentas. La decisión de realizar una denuncia no es una obligación para el empleador. Sin embargo, al hacerlo no sólo estará dando una medida ejemplificadota, sino que también estará desvinculando a la empresa del hecho, volviendo a estar en regla ante posibles inspecciones y tendrá posibilidades de recuperar los activos del fraude.
La investigación de KPMG concluyó que la medida más conveniente para garantizar el cumplimiento de leyes, procedimientos y normas dentro de la organización es la adopción de un Código de Conducta.