
Mientras gran parte de la banca internacional sostiene públicamente sus compromisos de neutralidad climática y transición sostenible, un nuevo informe de BankTrack advierte sobre una creciente contradicción entre los discursos ESG y las decisiones reales de financiamiento del sistema financiero global.
En su Annual Report 2025, la ONG especializada en monitoreo bancario sostiene que numerosos bancos están retrocediendo en sus compromisos climáticos en medio de un contexto político y económico cada vez más hostil hacia las agendas ESG y la regulación ambiental.
El reporte pone el foco sobre una tensión que hoy atraviesa al sector financiero global: bancos que durante los últimos años anunciaron estrategias “net zero”, objetivos de descarbonización y adhesión a alianzas climáticas continúan financiando expansión de petróleo y gas, especialmente proyectos de gas natural licuado (LNG), considerado por la industria como combustible de transición.
La principal crítica de BankTrack no apunta únicamente a la existencia de financiamiento fósil, sino a la coexistencia entre compromisos climáticos de largo plazo y apoyo financiero a nuevas expansiones energéticas que podrían operar durante décadas.
“Muchos bancos hablan de emisiones netas cero para 2050 mientras siguen financiando proyectos incompatibles con los objetivos climáticos”, resume el enfoque general del informe.
Uno de los casos más emblemáticos mencionados es Papua LNG, el megaproyecto gasífero liderado por TotalEnergies junto a ExxonMobil y Santos en Papúa Nueva Guinea. BankTrack considera que el proyecto representa uno de los mayores focos de conflicto climático y socioambiental del año.
La organización sostiene que Papua LNG podría generar más de 220 millones de toneladas de CO₂ durante su vida útil y denuncia riesgos sobre biodiversidad, territorios indígenas y derechos humanos. El caso se convirtió además en un símbolo de la creciente presión pública sobre los bancos involucrados en financiamiento fósil.
El informe destaca que algunos bancos europeos comenzaron a endurecer posiciones frente a este tipo de proyectos. BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale y UniCredit anunciaron que no financiarán Papua LNG, mientras Crédit Agricole incluso abandonó su rol de asesor financiero tras las críticas recibidas.
Pero el panorama dista de ser homogéneo.
BankTrack señala que entidades como JPMorgan Chase, Citi, Barclays, HSBC, Santander, Deutsche Bank, Mizuho o Mitsubishi UFJ Financial Group continúan vinculadas al financiamiento de expansión fósil pese a sus metas climáticas públicas.
La tensión se profundiza además por la crisis que atraviesan las grandes alianzas financieras climáticas. Varios bancos comenzaron a abandonar o relativizar su participación en la Net Zero Banking Alliance (NZBA), impulsada bajo el paraguas de Naciones Unidas para alinear carteras financieras con emisiones netas cero hacia 2050.
En muchos casos, las propias entidades financieras rechazan las acusaciones de “greenwashing” o retroceso climático.
HSBC, por ejemplo, afirmó recientemente que mantiene su objetivo de neutralidad climática para 2050, aunque decidió revisar algunas metas intermedias argumentando que la transición global avanza más lentamente de lo esperado. Barclays, por su parte, defendió públicamente su estrategia climática incluso después de alejarse de la NZBA, asegurando que continuará movilizando financiamiento sostenible.
El informe también reconoce algunas “victorias parciales” de las campañas ambientales y de derechos humanos. Entre ellas, menciona la decisión de ING de restringir financiamiento a nuevas terminales LNG y compañías exclusivamente fósiles. Sin embargo, la organización considera que estos movimientos todavía resultan insuficientes frente a la magnitud del financiamiento global al petróleo y gas.
El debate refleja una transformación más profunda dentro del universo ESG. Hace apenas unos años, gran parte de la discusión giraba alrededor de compromisos públicos y metas climáticas corporativas. Hoy, el foco parece desplazarse hacia la credibilidad de esas promesas y la capacidad de traducirlas en decisiones concretas de inversión y financiamiento.
En ese escenario, la banca enfrenta un desafío cada vez más incómodo: demostrar que la transición energética no es solamente una narrativa reputacional, sino un criterio real de asignación de capital.
