“En materia de discapacidad, la Argentina se encuentra atrasada 20 años con respecto a los países desarrollados. Si bien en el país existen leyes que imponen la obligatoriedad de dar puestos de trabajo, (por ejemplo el cupo de 4% en los empleos estatales de la Nación y el 5% en los de la Ciudad de Buenos Aires), advertimos que estas leyes en realidad prácticamente no se cumplen” reclaman las ONG y agregan “estos puestos de trabajo son otorgados a los trabajadores con discapacidad y cuando se los contrata se los toma como pasantes por breves períodos de tiempo, dejándolos luego librados a su suerte y sin posibilidades de obtención de empleo alguno”.
Por su parte, Ana Dones de la Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) manifestó a la agencia Infocivica que “en 1986 nuestro país adhirió al convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Al adherir, el Estado Argentino se comprometió a cumplir con las normas internacionales y su falta de cumplimiento, demuestra negligencia”.

Con relación a la contratación de personas con discapacidad, Dones señala que “la ley 24.013 establece las formas de contratación para trabajadores con discapacidad y los beneficios (incentivos) en las contribuciones de los empleadores”.
Sin embargo, “el Ministerio de Trabajo tiene escasas o casi nulas políticas claras, que brinden información sobre los estímulos, y rentabilidad que pueden obtener las empresas al tomar a trabajadores con discapacidad”. Aún más, “existe una falta de articulación con los organismos de contralor que fiscalicen la efectividad y agilidad de los descuentos correspondientes, generándose obstáculos administrativos, que desmotivan a los posibles empleadores” señala el documento firmado por las organizaciones sociales.

La referente de REDI recordó que “ya está próximo a cumplirse un año del vencimiento del decreto del gobierno nacional NÂ 575/05, que establece un fondo derivado para micro emprendimientos para personas con discapacidad. Esto deja a las personas con discapacidad en un estado de vulnerabilidad mayor de la que ya poseen”.
“Consideramos que los datos que tiene el gobierno nacional sobre la cantidad de personas con discapacidad son poco serios. No se registraron muchas personas porque no todos poseen los certificados de discapacidad” señaló Dones y por lo tanto, “al invisibilizarse la discapacidad, el Estado no puede actuar con políticas públicas eficaces en materia de transporte, salud, acción social, trabajo, etc.”.
Las organizaciones que adhirieron la carta son REDI, FENDIM, Talleres protegidos de Producción APAD, FALDAD, Fundación STEPS y La Usina. Actualmente, aguardan una respuesta oficial de los organismos demandados.
Para mayor información comunicarse con Ana Dones de REDI al (011) 155 891 8991 o 4571 7416.