La adopción de los Principios Rectores de la ONU en 2011 y la Estrategia de la UE en materia de responsabilidad social corporativa (RSC) 2011-2014 han supuesto abandonar el antiguo enfoque totalmente voluntario por la necesidad de una combinación de medidas tanto voluntarias como obligatorias con el objeto de garantizar que las empresas respeten el medio ambiente y los derechos humanos. Sin embargo hasta la fecha la parte regulatoria aún no se ha materializado. 

En otras palabras, la necesidad de cohesión entre la obligación del estado de proteger (pilar 1) y la responsabilidad de las empresas a respetar (pilar 2) de los Principios Rectores de la ONU. Incluso algunos de los ponentes señalaron como un paso crucial para seguir avanzando que los requisitos obligatorios son necesarios para que las empresas puedan ejercer la debida diligencia sobre los derechos humanos.

La cuestión del acceso a la justicia (pilar 3) fue llevado a la mesa por un miembro del Grupo Directivo de ECCJ, Filip Gregor (Environmental Law Service), quien destacó la necesidad de posibilidades más claras de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidos por las filiales en el extranjero de empresas de la UE. Hasta la fecha, el acceso a la justicia ha recibido muy poca atención de la UE y de los Estados miembros, provocando una llamada a la acción para que los gobiernos tomen medidas inmediatas y concretas para garantizar el cumplimiento de este pilar fundamental.

Mientras que la coherencia política y la transparencia fueron identificadas por consenso como esenciales para el futuro de las empresas y los derechos humanos, las opiniones estuvieron divididas, como era de esperar, en cuanto a cual debería ser el enfoque del estado en la aplicación de los Principios Rectores.

Por un lado, para las empresas el enfoque debe estar basado en principios y pidieron a la UE dar prioridad a los incentivos, la asistencia, la cooperación, la formación y la difusión de buenas prácticas. Mientras, los representantes de la sociedad civil centraron sus demandas en el reequilibrio de poder hacia los más desfavorecidos, potenciando a los titulares de derechos, así cómo la puesta en marcha de medidas legales concretas, tales como regular la debida diligencia de los derechos humanos y asegurar el acceso a la justicia para las víctimas de abusos de las empresas.

En general, la conferencia mantuvo una sensación de motivación y urgencia inusual en donde las intervenciones giraron en la necesidad de superar la fase de interpretación y centrarse en la implementación de los Principios Rectores de la ONU.

La conferencia demostró que, si bien el impulso es muy abundante, aún queda mucho trabajo por hacer para asegurar un progreso rápido y efectivo en el ámbito de la empresa y los derechos humanos. El proceso de implementación de los Principios Rectores a nivel de la UE, sin duda, proporcionará un importante impulso para que los Estados miembros empiecen a tomar medidas y, como advirtió el señor Richard Howitt, cualquier negociación para el avance en los Principios Rectores de la ONU debe "estar basada en su aplicación, y no caer en la trampa de interpretar y reinterpretar hasta el cansancio a Ruggie”. (Fuente: ECCJ)