Más de 1.700 personas -representantes de gobiernos, de empresas y del tercer sector de 85 países diferentes- se reunieron en Ginebra el pasado mes de Diciembre en el II Foro sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. El Foro contó con la presencia de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, quien en la sesión inaugural ofreció datos sobre cómo un buen expediente en derechos humanos conlleva un mayor rendimiento económico para las empresas. Mientras los continentes africano y asiático siguieron lamentablemente infra-representados, se notó un aumento significativo de los participantes de la sociedad civil de América Latina respecto del año anterior. Estos denunciaron públicamente situaciones concretas de abusos por parte de empresas, especialmente en Guatemala y Colombia, avivando de manera significativa algunos de los principales debates.

Fueron muchos los temas que se trataron en las diferentes sesiones del Foro: el papel del sector financiero, las cadenas de proveedores mundiales, las iniciativas multi-stakeholder, las actividades de las empresas en países en conflicto, los impactos en los pueblos indígenas, el sector agro-alimentario, el rol de la compra pública, etc. También se trataron otros temas clave tales como el acceso de las víctimas a la reparación judicial y no judicial, la situación de los defensores de derechos humanos que denuncian abusos relacionados con las actividades empresariales y los impactos negativos sobre los pueblos indígenas. Todo ello se hizo bajo las habituales reglas de participación e intervención de Naciones Unidas, reglas con las que algunos de los participantes estaban aún poco familiarizados.

Las empresas resaltaron los límites y la ineficiencia de las auditorías como mecanismos para la evaluación de impactos

Algunas de las empresas que participaron en el evento, y otros ponentes, compartieron informaciones sobre prácticas y retos en todas las áreas de implementación de los Principios Rectores. Las empresas resaltaron los límites y la ineficiencia de las auditorías como mecanismos para la evaluación de impactos y hubo unanimidad entre los asistentes en reconocer el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva como derechos básicos nucleares que las empresas deberían respetar en todos los países. Por lo general, se consideró que las empresas trataban con mayor facilidad temas relacionados con los derechos del niños y, en cambio, enfrentaban mayores retos con situaciones que involucraban los derechos laborales, la protección de los consumidores, el uso de las tierras, la seguridad y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Fue especialmente interesante que se mostrara la necesidad de aclarar criterios en relación al establecimiento de joint-ventures con empresas estatales en países con débil gobernabilidad o con empresas privadas con un débil expediente en derechos humanos.

Hubo unanimidad en definir que los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la reparación

El Foro abordó en dos sesiones especialmente relevantes un abanico de opciones judiciales y no judiciales de reparación, tanto a nivel nacional como a nivel regional y transnacional. Se hizo palpable que, en la práctica, los diferentes mecanismos han mostrado tanto fortalezas como debilidades. Hubo, sin embargo unanimidad en definir que los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la reparación, son numerosos: falta de recursos materiales, falta de acceso a conocimientos técnicos y a abogados apropiados que igualen las capacidades de las empresas, especialmente cuando se trata de empresas globales; falta de acceso a pruebas; temor a represalias y/o amenazas a la integridad física propia o de familiares y testigos; estigmatización en el trabajo; violación de la integridad física; falta de independencia de los órganos de justicia; dificultades para acceder a los diversos mecanismos locales e internacionales porque no se conocen bien sus procedimientos o porque acceder a ellos puede ser costoso; y desconocimiento en materia de derechos humanos por parte de las víctimas. Algunos ponentes expresaron que dichos mecanismos no pueden funcionar adecuadamente por la asimetría de poder que existe entre las víctimas y las empresas. 

Italia, Indonesia, Yemen, Estados Unidos, Colombia son algunos de los países que anunciaron su intención de desarrollar medidas encaminadas al desarrollo de Planes Nacionales de Empresa y Derechos Humanos. Numerosos gobiernos discutieron en una sesión a tal efecto los últimos avances en este terreno y explicaron porqué creían que era necesario dar certidumbre a las empresas en este terreno mediante políticas públicas coherentes y con una amplia base social. Invitados por el Grupo de Trabajo como asistencia técnica del Plan Nacional en España, aportamos al debate la necesidad de trabajar en la coherencia de políticas y de contar con una amplia base multi-actor en el proceso de consulta.

Resaltamos también lo imperioso de asignar recursos suficientes, asegurar la transparencia en el proceso y de sumar apoyos institucionales que faciliten la pedagogía tanto en lo que respecta al proceso interno, dentro de los gobiernos, como al que se desarrolla con los actores involucrados. El Foro mostró también que las organizaciones regionales van a alinearse progresivamente con los Principios Rectores a través de sus marcos regulatorios. La tendencia nos indica que este movimiento va a tocar temas tan dispares pero con un peso importante como la compra pública o la transparencia en los reportes de sostenibilidad. En el caso de la Unión Europea, se está discutiendo actualmente una nueva directiva sobre compra pública que incluirá referencias a requisitos sociales y medio ambientales. Este organismo regional está también empezando a estudiar la cuestión de la extra-territorialidad encargando, por el momento, un estudio exhaustivo sobre el tema a un pool de universidades europeas de manera a tener un primer dictamen de la comunidad académica al respecto.

Se consolida la importancia del respeto de los derechos de los pueblos indígenas 

El Foro mostró finalmente que se consolida la importancia del respeto de los derechos de los pueblos indígenas mientras aumentan las denuncias y quejas por la falta de compromiso de las empresas y de los gobiernos en este ámbito. Se presentaron casos en los que no se había dialogado suficientemente con las comunidades potencialmente afectadas o no se había respetado la normatividad internacional con respecto al principio del consentimiento previo, libre e informado aplicable a los pueblos indígenas. En todo caso, el Foro tuvo la virtud de mostrar tanto los últimos avances como el largo camino que aún queda por recorrer. Mientras en una sesión se discutía acerca de diferentes iniciativas multi-stakeholder de la sociedad civil, una declaración firmada por más de 100 organizaciones sociales reclamaba a los Estados la necesidad de tomar medidas para el establecimiento de un tratado internacional vinculante. El futuro es polivalente y se confirma así la existencia de diferentes vías paralelas que ya están combinando mecanismos voluntarios con legislaciones vinculantes en relación a determinados temas.

Maria Prandi (BHR)

www.businessandhumanrights.es