El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vetó una Ley de Compras Públicas Sustentables
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vetó ayer una Ley de Compras Públicas Sustentables que había sido aprobada por la legislatura. La decisión fue respaldada por un dictamen de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. La mayor objeción estuvo centrada en los requisitos de Eficiencia Energética que exigía la norma. El Gobierno consideró que algunos aspectos eran “incumplibles” o estaban ya alcanzados por leyes existentes.
El proyecto planteaba que las compras y contrataciones debían ajustarse a criterios de sustentabilidad. Estos criterios suponen considerar, además de aspectos económicos, los impactos que el producto, obra o servicio puedan tener sobre el ambiente.
Recomendaba un análisis de todo el ciclo de vida y privilegiar los que tuvieran un mínimo impacto ambiental, así como procurar la reducción de los niveles de consumo de agua y energía, y la emisión de sustancias contaminantes.
Privilegiaba la adquisición de productos de la máxima categoría de eficiencia energética disponible en cada producto a adquirir. Llamaba a incrementar el uso de materiales reciclables, reutilizables, biodegradables y de materiales reciclados.
De acuerdo a la Agencia de Protección ambiental, el principio de sustentabilidad "gradual y progresiva" para compras publicas existe en Ley 20.095 del año 2006 y que la Ley 3.246 del año 2010 ya impone criterios de eficiencia energética en aparatos eléctricos, electrónicos e iluminación. “Considerar la máxima categoría de eficiencia energética disponible en cada producto a adquirir es incumplible”, manifestó Juan Carlos Villalonga, Presidente de la Agencia.
Según el decreto que establece el veto, "la Dirección General de Compras y Contrataciones informó que la modificación introducida por la Ley Nº 4.764 encuentra fundamento en el principio de ‘Compras Públicas Sustentables', surgido a partir de la Cumbre de Johannesburgo en el año 2002, que comprende la valoración de ofertas considerando no sólo los beneficios económicos y sociales de las mismas, sino también la minimización de su impacto ambiental, resultando así una previsión más amplia, completa, precisa y actualizada que la contenida en el proyecto de ley en estudio".
"Apuntamos a que en los centros de trabajo de los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tienda a la reducción de residuos, un mayor uso de reciclados, reutilizables o biodegradables, implementar sistemas de reducción y reciclaje del uso de la energía y del agua, tanto como a restringir al máximo posible el uso de sustancias peligrosas o contaminantes", consideró la diputada María José Lubertino, autora de la Ley vetada.