El proyecto de Ley, conocido como "Sapin II" por su propulsor, el ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, fue finalmente aprobado por 308 diputados, 39 abstenciones y 171 votos en contra en una cámara baja que domina el gobernante Partido Socialista (PS).

Esta ley representa una reacción a la presión internacional ejercida contra el gobierno francés por su débil respuesta a los casos de corrupción y a las severas sanciones impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a empresas francesas en los últimos años.

La Ley impone una nueva obligación de gestión activa de los riesgos de corrupción para las empresas con un mínimo de 500 empleados (o empresas pertenecientes a un grupo de empresas cuya casa matriz tiene su sede en Francia y cuya plantilla incluye al menos 500 empleados) y con ingresos consolidados superiores a 100 millones de euros.

La Alta Dirección de estas empresas deberá adoptar medidas adecuadas para prevenir y detectar, en Francia y en el extranjero, actos de corrupción o tráfico de influencias, a través de la implementación de un código de ética; un procedimiento interno de denuncia; cartografía de riesgos; procedimientos de evaluación para clientes, proveedores e intermediarios importantes; sanciones disciplinarias,; y un sistema interno de verificación y evaluación de las medidas implementadas.

La obligación de aplicar estas medidas entrará en vigor en la primera fecha del sexto mes siguiente a la promulgación de la Ley.

Se creará además una Agencia Francesa de Anticorrupción, que controlará a estas compañías en la implementación de estos compromisos.

Se destaca la obligación de que las juntas de accionistas de las grandes empresas den su visto bueno a la paga decidida por los consejos de administración.  Este punto pretende evitar casos como el del presidente de Renault, Carlos Ghosn. El consejo de administración de Renault, pese al voto negativo de los accionistas, atribuyó a Ghosn el pago de 7,2 millones de euros a cuenta del ejercicio 2015.

La ley obliga también a que los grupos de presión o 'lobbies' se registren aportando el nombre de sus clientes y sus intenciones para poder reunirse con los poderes públicos.

Asimismo, se crea una nueva figura jurídica, la de los individuos que de buena fe que avisan de un potencial delito de fraude fiscal. A ellos se les dotará de un estatus que incluye una protección acerca de posibles represalias.

En el sector financiero, se prohíbe los anuncios en la Red de establecimientos que ofrezcan productos con especial riesgo.