El Plan de Acción Nacional enumera los compromisos actuales del Gobierno en materia de DD.HH. Por ejemplo las acciones que lleva adelante en la gestión de compras como el caso del Manual y la herramienta ResponsibleSourcingTool.org. dirigidos a prevenir el tráfico de personas en las Cadenas de Suministro Globales de los contratistas y empresas públicas.

Además incluye las nuevas acciones que tomará el Gobierno para promover negocios responsables de empresas norteamericanas en el exterior. Por ejemplo, el fortalecimiento de las leyes relativas al trabajo forzoso que se pondrá en acción en 2017 y que prevé la eliminación de la “cláusula de productos de producción forzosa” cuyo objetivo era satisfacer las demandas de consumo de los Estados Unidos.

En resumen, el Gobierno tiene la intención de: (1) seguir refinando el sistema de compra para volverlo más responsable; (2) trabajar con empresas, la sociedad civil y gobiernos extranjeros para compartir las mejores prácticas y apoyar estándares altos; (3); Destacar las historias de éxito de empresas líderes; Y (4) buscar mecanismos eficaces para abordar los impactos negativos cuando ocurren.

Durante un evento de lanzamiento, los representantes del gobierno dijeron que promoverían la colaboración entre sus agencias y empresas, por ejemplo creando un repositorio central de informes gubernamentales para informar a las empresas en sus operaciones en el extranjero.

El plan comenzó a desarrollarse en 2014 y está basado en las mejores prácticas nacionales e internacionales, incluidas las que figuran en las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Las organizaciones sociales como Human Right Watch critican el plan por “reafirmar ampliamente el statu quo y no ofrecer nuevas medidas para prevenir y abordar las violaciones”. Además prevén que la administración de Trump y la influencia de los intereses empresariales en esta nueva administración, pueden poner en peligro los acuerdos en materia de derechos humanos y empresas.

En el prólogo del Plan, John F. Kerry, Secretario de Estado de Obama, afirmó que “los Estados Unidos están comprometidos a promover los derechos humanos y liderar la lucha mundial contra la corrupción (…) A través de nuestras alianzas con el sector privado, grupos laborales, la sociedad civil, otros gobiernos y organizaciones internacionales, Estados Unidos ha luchado contra la corrupción en el extranjero alentando a las empresas a adoptar altos estándares de conducta empresarial responsable (…) Para alentar estos esfuerzos, Estados Unidos se complace en lanzar su primer plan de acción nacional sobre conducta empresarial responsable. Hemos emprendido este proceso para mejorar la coordinación dentro de nuestro gobierno, impulsar estándares más altos y un campo de juego más nivelado a nivel mundial, y fortalecer la coordinación público-privada para ayudar a las compañías de los Estados Unidos a alcanzar sus metas de conducta responsable en una variedad de entornos alrededor del mundo”.