Representantes de 24 países de América Latina y el Caribe reunidos en San José, Costa Rica, adoptaron el primer acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), un instrumento legal inédito para la región.

En agosto de 2017, la Argentina fue anfitriona de la séptima reunión del Comité de Negociación que delimitó el borrador del acuerdo que se aprobó esta semana. En aquella reunión conversamos con Andrés Nápoli, director de la organización FARN Argentina, quien participó como representante suplente de la sociedad civil. "Lo que buscamos es aprobar un instrumento vinculante, con mecanismos sólidos y robustos, que protejan los derechos ambientales. La aplicación plena del Principio 10 está en el centro de la Agenda 2030. Alcanzar un acuerdo ambiental sumamente novedoso y basado en una perspectiva de derechos es clave", afirmó Nápoli.

Asimismo agregó que los mayores desafíos de América Latina en derechos ambientales se vinculan con dos ejes claves: el déficit de leyes ambientales y las dificultades de su implementación. "La región tiene grandes problemas en relación a la ausencia de normativas ambientales, sobre todo en los países del Caribe. Otros países tienen legislación pero tienen dificultades de implementación, o los procesos de participación son muy deficientes. Creo que este instrumento de alguna manera bajará el nivel de conflictividad ambiental y le permitirá a los Estados ir cumpliendo con los compromisos internacionales y nacionales asumidos", agregó.

El acuerdo se viene negociando desde 2014 y consagra la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Ahora acaba de ser aprobado en la Novena Reunión del Comité de Negociación  en Costa Rica. El presidente de este país, Luis Guillermo Solís, destacó en el evento de presentación el punto de inflexión que significa para la región. "Es una muy buena noticia para un continente que requiere un acuerdo para su lucha contra la delincuencia, la pobreza, la desigualdad y el odio. También es crucial para la supervivencia misma de nuestra especie”, señaló.

El Mandatario indicó que es necesario traer a las personas a las decisiones en materia ambiental, hacerlas partícipes del desarrollo, ya que “el derecho a un ambiente sano es un derecho humano”, declaró. Destacó además la relevancia jurídica del acuerdo y de la “democracia ambiental” como un nuevo término legal que implica la participación del todos en la protección del ambiente.

Los asistentes destacaron la importancia de este proceso que termina con la adopción del primer acuerdo regional vinculante en materia de democracia ambiental. La relación entre los derechos humanos y las cuestiones ambientales ha cobrado importancia debido al explosivo aumento de conflictos ambientales en la región. Según un reciente estudio de Global Witness, en 2016 fueron asesinados 200 activistas latinoamericanos, la cifra más alta hasta la fecha, por su militancia ambiental. El asesinato de la hondureña Berta Cáceres, por su oposición a un proyecto hidroeléctrico, es el más emblemático de los ataques recientes a ambientalistas.

Con este acuerdo, América Latina y el Caribe atestigua su compromiso con un principio democrático fundacional: el derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno. Se propone como un acuerdo de segunda generación que vincula el medio ambiente con los derechos humanos y los derechos de acceso.

Según el texto final aprobado hoy, el objetivo del acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (artículo 1).

Además, señala en su artículo 9 que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

También se establece la creación de una Conferencia de las Partes (artículo 15), que será convocada por la CEPAL a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente acuerdo y se celebrarán reuniones ordinarias a intervalos regulares, según lo que decida la Conferencia.

En el texto se señala que el acuerdo estará abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe (33 naciones) en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020, y que estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado.

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