El trabajo infantil es un fenómeno presente en las sociedades contemporáneas, con una participación relativa destacada en países pobres y menos en países desarrollados.

De acuerdo a datos de la OIT, su incidencia se viene reduciendo sistemáticamente en casi todas partes del mundo: la cantidad de niñas y niños de 5 a 14 años que trabajan ha disminuido globalmente de 211 millones a 130 millones entre los años 2000 y 2016, lo que equivale a una caída del 38% en 16 años a una tasa de casi el 3% anual.

Argentina sigue estas tendencias internacionales. Si bien la participación de niños y niñas en actividades productivas ha sido históricamente más baja en comparación con otros países de la región, su concentración en determinados grupos poblacionales la convierten en un fenómeno de alta relevancia social que, más allá de la disminución señalada, debe ser contabilizado y caracterizado.

En el total del país, el 10,0% de los niños y niñas de 5 a 15 años realizan al menos una actividad productiva, con mayor incidencia en las áreas rurales (19,8%), y en las regiones del NOA y el NEA (13,6% y 13,1%, respectivamente).

La actividad productiva se incrementa entre los adolescentes de 16 y 17 años: el 31,9% del total del país realiza al menos una, mientras que en las áreas rurales lo hacen el 43,5%. Al igual que lo que ocurre con los más chicos, son las regiones de NOA y NEA donde la incidencia del trabajo productivo es mayor entre los adolescentes (36,8% y 33,4%, respectivamente).

Si se comparan con el último estudio realizado en 2004, el estudio revela una importante disminución de la incidencia del trabajo infantil. De una tasa de 17,1% en el año 2004 se pasó a una del 9,4% en el 2016/2017.

La problemática del trabajo infantil tiene dos características fundamentales. Por un lado, en cuanto a la medición, no se circunscribe a la actividad laboral perniciosa, sino que mide toda actividad laboral en la medida que se dedica cierta cantidad de tiempo a ella, independientemente del tipo de actividad de que se trate. Por el otro, asume que una norma per se puede no beneficiar necesariamente a aquellos a los que la norma se dirige.

Algunos investigadores como el economista indio Kaushik Basu creen que “una intervención tajante y legalista, como se suele proponer, puede reducir el trabajo infantil al costo de exacerbar la pobreza infantil”, y agrega: “el problema tiene que ser enfrentado con un combo de intervenciones que comprende al gobierno, la sociedad civil y al sector privado”.

Un dato revelador del relajamiento es que las brechas de ingresos laborales entre mujeres y varones adultos comienzan en la niñez y se profundizan en la adolescencia: mientras que las niñas —tanto urbanas como rurales— ganan un salario medio 22% inferior al de sus pares varones, entre las adolescentes la brecha salarial se intensifica. El salario medio de una adolescente urbana es un 40% inferior al de los varones, mientras entre sus pares rurales la brecha alcanza al 58%.

Recientemente, en el marco de su adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la Argentina ha asumido ciertos compromisos internacionales. Entre ellos se destaca la meta 8.7, que establece que los Estados adherentes se comprometen a tomar “medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil”