“Este borrador, cuya publicación recomendó el Presidente del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos (OEIGWG) al final de su tercera sesión, constituye una señal importante de vitalidad de este proceso”, declararon desde la campaña global Stop Corporate Impunity. 

En la visión de las ONG, el debate debe ahora centrase en mecanismos y propuestas concretas de los Estados miembros y las organizaciones de afectados por las actividades de las empresas trasnacionales.
En la ronda se discutió sobre si el nuevo marco debería abarcar a todas las empresas o sólo a las multinacionales, y si el texto va a precisar cuáles son los derechos humanos que van a esta protegidos.

El relator de la ronda fue Luis Gallegos, Embajador del Ecuador ante la ONU (país que presentó la iniciativa) quien hizo una amplia invitación a los diversos grupos de interés a a presentar comentarios, críticas y propuestas sobre el borrador, para lo que se abre un período de participación que irá hasta finales de junio de 2019.

El borrador entiende por “víctima” a toda persona que sostenga haber sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos humanos, que comprenden los derechos ambientales, como consecuencia de acciones u omisiones en el contexto de actividades empresariales de carácter transnacional.  Así, cuando se determine que una persona con actividades empresariales de carácter transnacional está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si este hubiera ya dado reparación a la víctima.

El tratado busca que los Estados y empresas refuercen los mecanismo de debida diligencia en materia de Derechos Humanos. Propone que se deba Informar de forma pública y periódica sobre cuestiones no financieras, como mínimo en materia de asuntos ambientales y de derechos humanos, entre otras cosas con respecto a políticas, riesgos, resultados e indicadores.

- La actitud europea

Desde organizaciones sociales como Attac y "No al TTIP" denuncian que la Unión Europea ha obstaculizado el proceso durante años para intentar hacerlo fracasar y ha conseguido eliminar contenidos clave del “borrador cero”. La posición de la UE es participar del proceso, pero no apoyarlo. Critican que el proyecto solo se refiera a empresas multinacionales, y no a todas las empresas en general. 

La actitud de la UE no deja ser una paradoja, toda vez que desde la Comisión Europea se han emitido en el último tiempo numerosas resoluciones acerca de necesidad de establecer un control sobre el impacto de la actividad empresaria sobre los derechos humanos, muchas de las cuales señalan la urgencia de fijar un marco vinculante como el que ahora rechazan.

El representante de la UE ante la ONU ha dicho durante su intervención en la ronda que "la UE considera que todavía no estamos en la etapa de participar en la negociación del contenido de dicho instrumento" y la "UE se reserva de momento su posición sobre el instrumento vinculante”.

Un nuevo informe de la Red Europea de Observatorios Corporativos (ENCO) denuncia que "en las negociaciones de la ONU, la UE dice casi lo mismo que los lobbies de las multinacionales como Cámara de Comercio Internacional o la Organización Internacional de Empleadores, a veces, con los mismos argumentos y las mismas palabras". 

Víctor Báez Mosqueira, secretario general de la Confederación Sindical Americana, ha saludado el inicio de la negociación del Tratado. ”Estas empresas violentan los derechos de los pueblos y los derechos de las personas y no son suficientes los mecanismos voluntarios existente ante la codicia y el poder desmedido de las empresas" ha indicado Báez.

"Para los sindicatos los DDHH tienen preeminencia frente a los intereses comerciales de las empresas, que se valen de los tratados de libre comercio e inversión para llevar a los gobiernos al banquillo de los acusados cuando estos adoptan políticas en favor de sus poblaciones", sentenció Báez. "Esta cuestión debe estar claramente establecida en el futuro tratado, así mismo deben contemplarse las responsabilidades de las empresas transnacionales sobre todas sus actividades, incluida la garantía de los derechos de las/os trabajadoras/es a lo largo de toda su cadena de producción. Las sanciones por su no cumplimiento deben estar consideradas en el tratado que se negocia en Ginebra", concluyó el secretario general de la CSA.

La campaña global de la sociedad civil ratificó su “compromiso en la acción y movilización en todas las regiones del mundo hasta la exitosa conclusión del mandato de la Resolución 26/9, que debe plasmarse en normas vinculantes y mecanismos efectivos de aplicación a nivel mundial que respondan debidamente a las expectativas de justicia de nuestros pueblos afectados por las actividades de las empresas trasnacionales”.