En el estudio mencionan que el COVID-19 plantea a las empresas un caso de gestión de crisis único ¿De qué manera lo hace en relación a la protección de los derechos de las personas?

El COVID 19 es una crisis única: por un lado, profundiza determinados impactos en los derechos humanos de diferentes grupos, también acelera y agudiza algunos de los impactos que ya existían.

Dentro de estos impactos, un ejemplo, es cómo afecta el derecho a la salud de los trabajadores cuando no hay una protección adecuada. Por otra parte, las medidas que se han tomado para prevenir el impacto en la salud, como el teletrabajo, ofrece la posibilidad de mantener el empleo, pero genera otras tensiones dentro de la unidad familiar. A futuro se verá qué impacto tiene en el trabajo de las mujeres, ya que están en una situación más compleja al tener que trabajar en las unidades familiares.

Asimismo, está el derecho al trabajo. En este caso, se observa en la industria textil, donde se han producido el cierre de fábricas, en países que dependen exclusivamente de ese sector, como Bangladesh o Vietnam, por lo tanto, hay un impacto económico a nivel país, por el COVID. Con el confinamiento, los sectores como outsourcing o digitales también fueron afectados. En países como Filipinas cerraron call-centers de un día para el otro, dejando a muchas personas sin trabajo.

En algunos países, el sector agrícola tendrá graves impactos. Si no se recogen las cosechas o se siembra lo previsto se puede generar falta de alimentos, en consecuencia, hambrunas.

A nivel sociedad tenemos un incremento de los sistemas de vigilancia. En Europa, algunas aplicaciones están siendo cuestionadas por no estar cumpliendo con las prerrogativas de la ley de protección de datos. Por lo tanto, el COVID está generando diversos impactos en derechos muy fundamentales.

Una distinción que hacen es cómo la aplicación de la debida diligencia puede proteger a las personas empleadas, a las personas pertenecientes a la cadena de suministro, y a los clientes y usuarios ¿Cuáles son los ejes principales para trabajar con cada uno de ellos?

Existe un eje común en todos ellos, -que las empresas no están implementando completamente-, que es la colaboración.

Las empresas empiezan a observar, a través del COVID, de su capacidad de innovación en temas, por ejemplo, sanitarios, y al mismo tiempo, experimentan de primera mano, estrategias de colaboración con otros actores. Esto marcará una nueva era, en la que la colaboración con actores externos por parte de las empresas se dará de manera automática.

En este sentido, una de las estrategias para la gestión de la crisis, es aplicar el paradigma de la colaboración, tanto a empleados que pueden ofrecer su visión de temas de salud y seguridad; clientes y usuarios, que pueden ser un canal activo de sugerencias sobre cómo mejorar que se faciliten productos y servicios, y también para las cadenas de suministros.

Las empresas pueden empezar a pensar en una estrategia para generar un plan de trabajo colaborativo con proveedores, que debería llevar hacia una cadena de suministro más centrada en las personas. Logrando un pacto social y económico entre estos actores, se podrá asegurar la continuidad de las empresas.

Así, el trabajo conjunto es indispensable para entender el impacto de la crisis, pero también para construir una relación más resiliente, en un contexto donde se darán pandemias más recurrentes, habrá impactos generados por las crisis climáticas y tensiones provocadas por la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, la reestructuración de la relación con proveedores, para que sea más resiliente y centrada en las personas, es una de las tendencias que se generarán y será un área de trabajo de varias empresas en la etapa post crisis.

¿Percibe que hay algún grupo vulnerable sobre el que haya que poner especial énfasis?

Un colectivo realmente afectado son los trabajadores migrantes en las grandes cadenas de suministros, que no cuentan con las condiciones adecuadas de trabajos con antelación y tampoco tienen acceso al sistema de salud.

Ellos, en el contexto actual, verán impactos en sus derechos a la salud, acceso al trabajo, saneamiento, social, educación. Es un colectivo importante, al cual no se le está prestando atención, y están en una situación preocupante, ya que son desprotegidos y no tienen recursos habituales para suplir las necesidades básicas.

¿Por qué consideran que esta coyuntura puede significar una oportunidad para quienes conduzcan la gestión de la crisis desde la óptica de los derechos humanos?

El COVID-19 acelera muchos impactos y genera nuevos. Las empresas que eligieron seguir el camino de la debida diligencia y derechos humanos, podrán gestionar esta crisis desde una visión que ubica a las personas y la protección de derechos en el centro. Por otro lado, creemos que la expectativa ESG vinculada a temas financieros ganará peso, y habrá nuevos criterios al momento de movilizar capital post COVID19. Además, muchas empresas serán juzgadas por cómo están actuando en el contexto actual.

En el marco de esta respuesta, una perspectiva de debida diligencia de derechos humanos es muy útil, puesto que permite salvaguardar derechos fundamentales de los empleados, las cadenas de suministros, usuarios, etc, y al mismo tiempo aporta valor.

En este camino, las empresas que ya estaban implementando procedimientos de debida diligencia tendrán mayor facilidad en incorporar el elemento COVID en estos procesos. Por otro lado, las empresas que no tenían implantados procesos de debida diligencia, pueden, a partir del COVID, comenzar a aplicar un proceso a la crisis, que luego puede generar experiencia y propiciar oportunidades para que se amplíe a otros aspectos de derechos humanos.

Para ambas partes es una oportunidad, ya sea para completar una debida diligencia o para iniciar una que permita prevenir, preparar, mitigar todos los impactos que son determinantes para asegurarnos la sostenibilidad.

La guía nombra como último punto innovación financiera y nuevos modelos de negocio ¿Qué aspectos tendrían estos nuevos modelos?

Los criterios ESG van a ganar peso en este periodo post crisis, porque aseguran y fortalecen la sostenibilidad de los negocios y empresas. Asimismo, creemos que la crisis puede generar momentos de creatividad e innovación. En este punto, se podría generar innovación en el sector financiero, por ejemplo, desde la innovación financiera en la economía azul.

También desde el COVID vamos a tener ejemplos de innovación financiera. Ya están en agenda los bonos para las empresas post crisis, enfocados en asegurar la resiliencia en determinados negocios.

Por otra parte, el proceso de debida diligencia con foco COVID puede revelar nuevas necesidad y nuevos modelos de negocios. Vinculados a cómo el sistema financiero genera nuevas herramientas con foco en prevención, mitigación del COVID19 y de otras amenazas globales vinculadas a crisis climáticas.

En este aspecto, la Unión Europea está pensando en los “coronabonos” y para Latinoamérica se están pensando en vehículos financieros basados en fondos, como el fondo COVID19.

¿Qué diferencias de impacto se pueden observar entre América latina y Europa?

Los impactos en derechos humanos son los mismos, la diferencia en encuentra en las estructuras de prevención y mitigación. En Europa hay un sistema sanitario robusto con capacidad para adaptarse, en cambio, Latinoamérica carece de una estructura suficientemente sólida para aguantar el peso de estos impactos en nivel sanitario y empleo. La diferencia principal serían los sistemas de recogida del impacto en prevención y mitigación.

Pero Latinoamérica es una comunidad más joven que la europea, muy resiliente con capacidad de innovación con varios recursos que se pueden aplicar a una crisis de manera responsable y planificada, por lo tanto, en la post crisis quizás las condiciones cambian frente a una Europa envejecida.