Gracias a la conservación de sus bosques, Costa Rica invertirá durante los próximos cinco años $54 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima (GCF), el cual reconoció en noviembre anterior 14,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono capturadas en 2014 y 2015 por los bosques del país. 

Los recursos serán ejecutados por el proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados, liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual fue lanzado oficialmente este lunes 24 de mayo.

En la actividad virtual participaron el presidente de la República, Carlos Alvarado; la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza; el representante residente de PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya; el administrador del PNUD, Achim Steiner; el director ejecutivo del Fondo Verde para el Clima, Yannick Glemarec; la presidenta de la organización Defensores del Bosque, de Talamanca, Maricela Fernández, y Francisco Morales, presidente de la Asociación de Desarrollo Talamanca Cabécar.

Los fondos provenientes del GCF –en cuya movilización el PNUD apoyó a Costa Rica- se orientarán en tres áreas: fortalecer el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) existente; ampliar la cobertura de los PSA en territorios indígenas y fortalecer las medidas de prevención de incendios forestales en comunidades rurales y asegurar la aplicación de las disposiciones de salvaguardas ambientales y sociales.

El proyecto mejorará y ampliará las políticas públicas relacionadas con la implementación de la Ley Forestal en Costa Rica, la acción climática, la conservación y empoderamiento de mujeres rurales, personas jóvenes, pueblos indígenas y pequeños y medianos productores agrícolas, durante los próximos cinco años.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, destacó que la inversión de $54 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima -en reconocimiento a la captura de dióxido de carbono por parte de los bosques costarricenses- tendrá un gran impacto en el reforzamiento y ampliación de la cobertura del Programa de Pago de Servicios Ambientales.

El mandatario recordó que el PSA “es una de las razones por las que el país ha logrado revertir la deforestación y aumentar la cobertura forestal de manera significativa. Uno de los pocos en el mundo que lo ha hecho. En la década de 1980, Costa Rica había perdido la mayor parte de su bosque primario y solo tenía el 21% de su tierra bajo cubierta forestal como resultado de tener las tasas de deforestación más altas del mundo. Hoy, el país tiene una cubierta forestal del 52% y protege más de una cuarta parte de su territorio”, subrayó.

Paralelamente, indicó, el proyecto contribuirá a acelerar la ruta de la descarbonización y la recuperación económica inclusiva, a través de la protección social a poblaciones históricamente excluidas como los pueblos indígenas y las mujeres rurales.

Del total de los recursos, $41 millones de dólares se trasladarán a habitantes de las zonas boscosas del país, donde se ubican algunos de los distritos más marginales y con menor índice de desarrollo social, tales son los casos de las regiones costeras y zonas boscosas en general.

En cuanto a las mujeres rurales, se han realizado modificaciones recientes al esquema de PSA, que desarrolla el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), para ampliar sus posibilidades de participación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), desde el inicio del Programa de PSA de 1997 hasta 2017, solo el 15,1% del total de los contratos fueron firmados con mujeres y un 16% de las fincas agropecuarias tituladas pertenecían a ellas (12.598 frente a 68.389 inscritas a nombre de los hombres).

Recuperación verde, justa e inclusiva. Andrea Meza Murillo, ministra de Ambiente y Energía, comentó que Costa Rica tiene una larga trayectoria equilibrando el ambiente con la creación de empleos verdes, basada en leyes y programas forestales y biodiversidad.

“Los esfuerzos de conservación han logrado preservar nuestros ecosistemas, al tiempo que le proveen sustento a la ciudadanía. Incentivos como éstos impulsan la participación de actores claves en la reducción de emisiones y acciones institucionales para atender los principales factores que afectan la deforestación y la degradación de bosques. Desde MINAE seguiremos apoyando el trabajo de las y los emprendedores verdes, pueblos indígenas y grupos de mujeres que aportan significativamente a la conservación de los ecosistemas boscosos", afirmó.

Por su parte, el representante Residente del PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya, destacó que "Costa Rica enfrenta el reto de implementar una estrategia para atender la emergencia por COVID-19, que permita proteger a los grupos más vulnerables de la población a la vez que se redoblan los esfuerzos para apoyar la transición hacia una economía verde. Desde el PNUD nos enorgullece trabajar con el país en la promoción de los derechos humanos y en desvincular el financiamiento de la protección ambiental del sector público de aquellos ingresos del consumo de carbono. Una vez más este país le demuestra al mundo que es posible y rentable la recuperación verde, justa e inclusiva", expresó.

Momento histórico. Durante los últimos 25 años, Costa Rica ha mantenido un esquema PSA con una inversión superior a los ¢15 mil millones por año. Con las acciones de la estrategia y el Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados, la protección y manejo sostenible de los bosques se ampliará en más de 500 mil ha de bosques privados, incluyendo aproximadamente 150,000 ha en Territorios Indígenas.

"Es un momento histórico: la culminación de los increíbles esfuerzos de las comunidades de todo Costa Rica para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la deforestación, lo que convierte al país en un enorme «sumidero de carbono", afirmó el administrador del PNUD, Achim Steiner.

Por su parte, Yannick Glemarec, director ejecutivo del GCF, enfatizó que “este proyecto demuestra que es posible hacer frente a la crisis climática y, al mismo tiempo, apoyar a las comunidades en condición de vulnerabilidad para que construyan medios de vida sostenibles, reduzcan la pobreza y promuevan la igualdad de género”. 

Desde el proyecto se contribuirá específicamente a mantener la reducción de emisiones por deforestación y degradación a un nivel de 6 millones de Toneladas de CO2 equivalentes por año, hasta 2024.

El proyecto también provocará un alivio al exitoso esquema de PSA del país, tras los recortes presupuestarios debido a la situación de las finanzas públicas, así como la reducción en la recaudación del impuesto al combustible, el cual representa el 93% de los ingresos anuales de este programa liderado por el Fonafifo.