El Plan de Acción es el primer esfuerzo por integrar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos a la realidad nacional, en línea con el compromiso internacional asumido por Chile en la materia. Busca aportar claridad respecto a lo que se entiende por derechos humanos en el ámbito empresarial y constituye, además, una plataforma para identificar, prevenir, abordar, mitigar y reparar los impactos adversos que pueden generar las empresas al realizar sus actividades.

“Su objetivo es apoyar a las empresas, públicas y privadas, con una ruta concreta para que puedan asumir plenamente el nuevo rol que esperamos de ellas como sociedad”, afirmó en su discurso de presentación la Presidenta Michelle Bachelet. ““Cada día son más empresas las que han hecho suyo este desafío. Pero para que se traduzca en una práctica generalizada, es necesario que el país cuente con herramientas que permitan consolidar la responsabilidad empresarial en un sentido más amplio”.

El Plan cuenta con tres pilares de actuación y cuenta con 159 compromisos como forma de prevenir impactos, mitigarlos o repararlos, según corresponda.

 Respecto de los deberes del Estado, se pide generar un contexto público adecuado, para que las empresas respeten los derechos humanos, poniendo foco en la reglamentación, la promoción, pero además, algo muy importante, los incentivos.

Pero como además el Estado interviene directamente como empresa pública, se le pide a su vez adoptar medidas adicionales de protección de los impactos adversos cometidos por las empresas bajo su control.

Respecto de las empresas, el Plan les pide el compromiso explícito de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos. El primer paso para ello es, entonces, identificar los potenciales riesgos de impactos, como deber de prevención.

Y una vez que la empresa “sabe y hace saber” que respeta los derechos humanos, podrá realizar aportes voluntarios más allá del cumplimiento. El Plan dura tres años y se evaluará su cumplimiento.

 Finalmente, el Plan entrega orientaciones para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cualquier persona afectada pueda acceder a mecanismos de reparación eficaces.

"El lanzamiento de este Plan constituye la conclusión de un largo proceso de coordinación entre instituciones públicas. Pero también ha sido una invitación a las empresas públicas y privadas, grandes y pequeñas, nacionales y trasnacionales, también a la sociedad civil, los sindicatos y pueblos indígenas a sumarse para continuar impulsando esta agenda fundamental para Chile y nuestra región", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

"Hoy marcamos un hito. El largo trabajo de elaboración de esta política no ha sido fácil, ya que la relación que existe entre Derechos Humanos y empresas no había sido discutida antes en Chile. Implicó un esfuerzo de coordinación institucional y de participación ciudadana y de diálogo", agregó.

Más información en el Sitio Web de Presidencia de Chile

Se puede acceder al Documento del Plan a través de este link.