De acuerdo a los datos del reporte,  América Latina ha experimentado un alarmante aumento en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones.

El trabajo cita un informe de 2016 de Global Witness que reporta que 185 activistas ambientales fueron asesinados a nivel mundial en 2015; dos tercios en América Latina,.

“Es por mucho el mayor número de muertes reportadas anualmente”, analiza el informe de la ONG. Lo que más preocupa a los analistas del Centro es que todo esto ha sucedido a la par de los avances en materia de empresas y derechos humanos en América Latina. Gobiernos y empresas se han comprometido con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas; cinco países iniciaron un proceso para la elaboración de Planes Naciones de Acción sobre empresas y derechos humanos y, Ecuador ha liderado las discusiones sobre la propuesta de un tratado vinculante en la materia. 

“Las regulaciones draconianas y leyes tendenciosas contra quienes se oponen a proyectos e inversiones son empleados rutinariamente en toda la región, para disuadir a otras personas de protestar, independientemente de las posibles consecuencias negativas que tales proyectos puedan traer”,  acusa el informe.

De septiembre de 2013 a diciembre de 2016, el CIEDH invitó en 156 ocasiones a diversas empresas a responder a abusos en contra de personas defensoras que se oponían a diferentes proyectos empresariales. Con base en esta muestra, encontramos que los sectores en donde se presentan más abusos en contra de defensores y defensoras son: el energético con 41% del total de las invitaciones enviadas; el sector minero (27%), el sector de la construcción (13%) y el sector agrícola, alimentos y bebidas (12%).

Además, se documentaron en 51 ocasiones intimidaciones y amenazas, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. Los países más peligrosos fueron: Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.

Más allá del imperativo moral para que las empresas eviten el abuso y la represión, existe, dicen los expertos, igualmente una razón clara de negocios. Los abusos y violaciones derivan en protestas, suspensiones y demandas con un alto potencial de pérdidas financieras.

“En nuestra era de redes sociales globales, las empresas también están cada vez más expuestas al escrutinio público y los riesgos a su reputación que van de la mano de los abusos o violaciones. Esto puede resquebrajar la licencia social para que una empresa opere, incrementa los costos de capital, aísla el talento que es un punto clave para una mayor competitividad y atrae el oprobio de campañas mundiales en su contra”, advierte el Centro.