Luego de su aprobación a fines de 2016 por la Asamblea Nacional francesa el proyecto de ley fue tratado por el Senado Francés y aprobado el día de ayer por unanimidad.

La ley, que solo se aplicará a las empresas francesas más grandes, establece para ellas la necesidad de analizar y abordar los impactos adversos que sus actividades provocan en las personas y en el planeta, al tiempo que deberán publicar anualmente planes de vigilancia. Estos incluyen los impactos relacionados con sus propias actividades, con aquellas de las compañías bajo su control directo y los de proveedores y subcontratas, con quienes tengan una relación comercial establecida.

La ley también establece que en caso de que las empresas no cumplan con esta obligación, la ley anima a las víctimas y otras partes afectadas a denunciar el hecho ante la justicia. La ley prevé que se puedan aplicar multas de hasta 10 millones de euros cuando las empresas no publiquen esos planes. Las multas podrán ascender a 30 millones si la no publicación y la no existencia de planes derivan en daños que de otra manera pudiesen hacer sido evitados.

El tratamiento de esta ley inició en noviembre de 2013 cuando tres miembros de la Asamblea Nacional francesa presentaron un proyecto de ley para regular la responsabilidad de las empresas matrices en sus cadenas de valor en el extranjero. El texto crearía responsabilidad civil y penal para las empresas con sede en Francia en caso de violaciones de derechos humanos en el extranjero. Además, revertiría la carga de la prueba, haciendo a las empresas responsables de demostrar que han aplicado las medidas necesarias para prevenir las violaciones de los derechos humanos.

Las críticas contra el proyecto aprobado principalmente son por su limitado alcance, ya que sólo afecta a 100 grandes empresas, y porque no garantiza reparaciones ante daños.

Ahora resta la aprobación de la ley en la misma línea legislativa a otros niveles, tanto nacionales, europeos e internacionales.