Según esta línea, tanto ejecutivos de empresa como políticos podrían ahora ser considerados alcanzados por el derecho internacional en cuestiones vinculadas con las transacciones de tierras ilegales, que desplazan a los residentes con violencia tras la sustitución, dijeron activistas y abogados.

Desde que se creó en virtud del Estatuto de Roma de 1998, el tribunal de La Haya se ha centrado en el enjuiciamiento de cuatro crímenes principales: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Los delitos ambientales serán considerados ahora en las investigaciones de los casos que caen dentro de las competencias existentes del Tribunal, según Global Diligencia LLP, dijo un despacho de abogados de derechos humanos con sede en Londres, en un comunicado.

Los activistas y abogados de derechos humanos dijeron que la medida refleja el creciente reconocimiento global de la gravedad de los delitos ambientales. También permite que las víctimas busquen justicia a través del sistema de justicia penal internacional si sus quejas no son escuchadas en los tribunales nacionales.

La nota original de Thomson Reuters Foundation se puede consultar pulsando aquí.