Las organizaciones denuncian que la economía de los paraísos fiscales crece al doble de velocidad que la economía productiva mundial. En los últimos 15 años la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro a nivel mundial. En 2015, los flujos de inversión  hacia España desde paraísos fiscales han aumentado en un 27,4% con respecto a 2014, lo que supone un 66% del total de la inversión que entra al país y se ha multiplicado por 2,6 desde el año 2000.  Esto es debido a un cambio regulatorio por el que los beneficios de las empresas obtenidos en el extranjero apenas tributan.

De entre los diferentes paraísos fiscales, el destino favorito de las empresas del IBEX35 sigue siendo el estado de Delaware, en los Estados Unidos, con un total de 420 filiales, un 45,4 % del total. En este Estado, las empresas del IBEX abrieron 68 nuevas filiales en 2014, representando un 57% del total de incremento de filiales en estas jurisdicciones. Es decir, un solo edificio de una planta en Delaware tiene más empresas que todo el País Vasco (285.000 frente a 160.000).

Estos son algunos de los datos que se presentan en los informes realizados por Oxfam Intermón y el Observatorio de RSC, que analizan la presencia de empresas españolas del IBEX35 en paraísos fiscales y la forma en la que abordan estos aspectos fiscales de su actividad en sus memorias anuales. 

El informe de Oxfam Intermón subraya que, a pesar del incremento de la presencia en paraísos fiscales, las empresas han llevado a cabo ciertos avances en transparencia fiscal en los últimos años, algunos de carácter voluntario y otros provocados por requerimientos legales, aunque aún muy lejos de representar una efectiva rendición de cuentas producto de un compromiso con la responsabilidad fiscal.  Desde 2014 los bancos presentan, por requerimiento legal,  información desglosada por país de su actividad económica y del pago de impuestos, lo que ha servido para analizar los datos de los dos mayores bancos en España, Banco Santander y BBVA, llegando a concluir que ambas entidades eligen ubicar en paraísos fiscales aquellas actividades que les generan una mayor rentabilidad. De hecho, 1 de cada 4 filiales de las empresas del IBEX35 en paraísos fiscales es del Santander.

El informe de Oxfam Intermón analiza también la exposición que han tenido los ayuntamientos de Madrid y Barcelona hasta el comienzo de esta legislatura a empresas contratistas con presencia en paraísos fiscales. De esta forma, entre el 2010 y 2013, el 45,5% de los principales contratistas del Ayuntamiento de Madrid tenían filiales en paraísos fiscales. Mientras que el 22,3% de los proveedores del Ayuntamiento de Barcelona entre los años de 2012 y 2015 tenían filiales en paraísos fiscales.

La 12ª edición del informe del Observatorio de RSC destacó  la información sobre la actividad de las empresas en paraísos fiscales, impuestos pagados país a país, denuncias y sistemas de gestión de la corrupción, puertas giratorias, actividad de lobby, gestión de los derechos humanos en países con elevado riesgo de vulneración o denuncias en materia de libre competencia sigue siendo escasa en los Reportes de Sustentabilidad y en algunos casos anecdótica en las memorias de responsabilidad social de las empresas del IBEX35.

Solamente 4 empresas presentan información sobre los riesgos en torno a los derechos humanos a los que están expuestas y un 63% de las empresas analizadas no aportan información suficiente sobre medidas mínimas de control de proveedores en el ámbito de los derechos humanos. Todo ello pese a que 32 de las 35 empresas del IBEX35 están presentes en los 20 países considerados de riesgo extremo de vulneración de los derechos humanos. Si bien el hecho de informar no garantiza su efectiva protección, se trata de un paso previo que muy pocas empresas cumplen o, si informan, lo hacen de manera muy genérica.

Mientras que un 74% de las empresas analizadas se compromete a luchar contra la corrupción, en muchos casos este compromiso se limita a declaraciones genéricas en sus códigos de conducta. Solo 12 empresas de las analizadas informan sobre cómo luchan contra el blanqueo de capitales en su esfera de actividad y únicamente 8 empresas describen la política y procedimientos, así como los mecanismos de cumplimiento dedicados a las contribuciones y los instrumentos de presión política.