El plan pretende aplicar, a nivel nacional, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, aprobados por la Resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos. Este plan encarna el compromiso de España de proteger los derechos humanos, incluyendo el abordaje de cualquier impacto que la actividad empresarial pueda tener sobre ellos, y responde además al llamamiento de las Cámaras Alta y Baja del Parlamento para avanzar en materia de negocios y derechos humanos en la forma de proyectos de ley y mociones no vinculantes.

Este plan también responde a las recomendaciones formuladas en el marco de la Unión Europea a través de su estrategia renovada para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas y el Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2015-2019.

El plan también toma en consideración el Programa de Desarrollo Sostenible 2030 aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que invita a las empresas a alinear su estrategia empresarial con las metas de desarrollo para buscar valor agregado que esto pueda contribuir en los países en desarrollo.

Fuentes oficiales sostienen que este plan contribuye a reforzar la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas un marco óptimo para desarrollar sus operaciones comerciales, prevenir y mitigar los riesgos basados en los derechos humanos y reforzar sus capacidades a este respecto.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros es el resultado de un proceso que comenzó en 2013 y se desarrolló a través de amplias consultas entre distintos niveles de gobierno, empresas y sociedad civil en la fase inicial, que duró casi dos años y fue seguida por un intenso trabajo de coordinación interministerial en los últimos meses. El plan establece un Comité de seguimiento que evaluará la aplicación de las medidas establecidas anualmente y elaborará propuestas para actualizarlas. De esta forma, el Comité de seguimiento reforzará la introducción de las medidas de aplicación, identificando a los responsables de su aplicación, los indicadores de cumplimiento y el calendario para su ejecución.