Esta comisión tiene como fin garantizar la coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos “en la incorporación y el uso de criterios ecológicos en la contratación pública” y será coordinada por  el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

 

Así, España busca adecuarse a los marcos europeos de compras públicas sustentables. La Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo de 2008 “Contratación pública para un medio ambiente mejor”, la define como “un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirían en su lugar”.

 

Esta medida también se alinea con la política  de “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular”, que tiene como objetivo lograr una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca el mínimo la generación de residuos.

 

El marco normativo español ya incluye por ejemplo la consideración de la Huella de Carbono en la contratación pública. Creó el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que vincula las emisiones de gases de efecto invernadero con los procesos de contratación de la administración.

 

También hay que hacer referencia a la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las empresas, entre las que se incluye a la Administración pública y a las empresas públicas, y que establece un compromiso de contribuir a alumbrar modelos de gestión sostenibles en el tiempo y crear una cultura innovadora. En el ámbito de la contratación pública ecológica, esta estrategia impulsa la incorporación de cláusulas medioambientales en la contratación pública, de acuerdo a la legislación vigente en cada momento, y fomenta la incorporación de criterios ambientales, manteniendo como finalidad que estos objetivos se conozcan en todos los niveles de la Administración pública y aprovechen todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico tanto nacional como internacional sobre la contratación pública, fomentando la implicación de las Administraciones Públicas y de sus proveedores.

 

“La Contratación Pública Ecológica es, por lo tanto, una herramienta eficaz para avanzar en la producción, utilización y consumo sostenibles, así como en una economía y prácticas de contratación sostenibles, lo que requiere continuar con las actuaciones necesarias para su desarrollo”, afirma el texto del real decreto.