El informe de 21 páginas, “Human Rights in Supply Chains: A Call for a Binding Global Standard on Due Diligence” [Los derechos humanos en las cadenas de suministro: un llamado a favor de una norma global vinculante sobre la debida diligencia], se elaboró a partir de dos décadas de investigaciones de Human Rights Watch sobre trabajo infantil y otros abusos de derechos laborales, daño ambiental y violaciones de los derechos a la salud, la tierra, los alimentos y el agua, en el contexto de las cadenas de suministro globales.

“Millones de personas en todo el mundo sufren violaciones de derechos humanos debido a prácticas deficientes de las empresas y regulaciones laxas por parte de gobiernos”, indicó Juliane Kippenberg, directora asociada de derechos del niño en Human Rights Watch. “Las normas jurídicamente vinculantes son la única manera realista de que las empresas no exploten a los trabajadores ni contribuyan a los abusos laborales”.

El informe analiza un amplio repertorio de violaciones de derechos humanos en el contexto de las cadenas de suministro globales, como los abusos de derechos laborales y las tácticas antisindicales que perjudican a los trabajadores en fábricas donde se produce indumentaria y calzado de marca para consumidores en todo el mundo; el trabajo infantil riesgoso en plantaciones de tabaco cuya producción es comprada por compañías internacionales de cigarrillos; abusos graves de los derechos laborales de trabajadores migrantes en el sector de la construcción; y accidentes fatales de trabajadores de la minería artesanal que extraen oro destinado al mercado global.

Se estima que son cerca de 450 millones las personas en todo el mundo que trabajan en cadenas de suministro globales. Cada vez es más común que, para obtener sus bienes y servicios, las empresas utilicen complejas cadenas de proveedores que abarcan varios países. Human Rights Watch ha observado que los gobiernos a menudo incumplen su obligación de proteger los derechos humanos reglamentando rigurosamente la actividad comercial, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. También ha concluido que, debido a que muchas empresas no realizan controles suficientes de debida diligencia en materia de derechos humanos, los abusos han proliferado. Los delegados en la Conferencia Internacional del Trabajo, por lo tanto, deberían allanar el camino para la adopción de una nueva convención vinculante, mediante la cual los gobiernos exijan que las empresas cuenten con garantías de derechos humanos, o verificaciones de “debida diligencia”, en todas las instancias de sus cadenas de suministro globales, señaló Human Rights Watch.

Las empresas tienen la responsabilidad de efectuar inspecciones efectivas sobre aspectos de derechos humanos, las cuales incluyen una evaluación objetiva de los riesgos para los derechos humanos que presenta una compañía y medidas eficaces para mitigar o evitar esos riesgos. Las empresas también tienen la responsabilidad de contribuir a que, cuando se produzcan abusos a pesar de esas medidas preventivas, las personas afectadas puedan acceder al resarcimiento correspondiente. En los países que exigen en sus leyes y reglamentaciones las comprobaciones de debida diligencia sobre derechos humanos, este requisito ha instado a las empresas a adoptar medidas positivas.

“Las normas sobre derechos humanos de cumplimiento voluntario no resultan suficientes para el sector empresarial”, señaló Kippenberg. “Aunque algunas compañías aplican estas normas, otras no les dan importancia y se desentienden de la responsabilidad que les corresponde con respecto a los derechos humanos. La Conferencia Internacional del Trabajo es una oportunidad única para cambiar este sistema ineficaz de discrecionalidad absoluta”.

Los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, una norma internacional no vinculante que estipula las responsabilidades de las empresas relativas a derechos humanos, define algunos elementos claves de la debida diligencia en materia de derechos humanos. Los Principios Rectores de la ONU disponen que las empresas deberían asegurar el respeto de los derechos humanos en sus propias actividades, así como también en sus relaciones comerciales con proveedores.

En muchos aspectos, los principios rectores representan un marco útil para orientar la actuación de las empresas responsables, y su legitimidad es ampliamente aceptada por gobiernos, empresas y sindicatos. Sin embargo, la naturaleza voluntaria de la norma implica que no se penalice su incumplimiento.

Una nueva norma internacional jurídicamente vinculante sobre debida diligencia en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro globales podría contribuir a superar ese problema, y debería formularse sobre la base de los Principios Rectores de la ONU.