Pacto Global Argentina junto a una delegación de empresas locales, participaron del VIII Foro de empresas y derechos humanos que se realizó del 10 al 12 de octubre en Santiago de Chile.

En el evento, que se realizó entre el 10 y 12 de octubre en la Universidad de Chile en Santiago, las y los participantes intercambiaron buenas prácticas y aprendizajes entre pares, además de discutir sobre qué roles complementarios tienen los Estados y las empresas para prevenir y frenar los daños al medio ambiente.

Para participar del evento, una delegación Argentina conformada por miembros del comité ejecutivo de Pacto Global Argentina, y participantes del sector privado que habían formado parte del programa acelerador Empresas y Derechos Humanos, YPF S.A., Eramine Sudamericana y Sancor Seguros.

Uno de los aspectos centrales de la discusión la “debida diligencia” en derechos humanos y medio ambiente, que implica prevenir, identificar, mitigar y reparar los impactos negativos que puede causar la actividad empresarial. También se presentaron prácticas innovadoras desde los distintos sectores, para abordar los desafíos para una agenda común de empresas, derechos humanos y medio ambiente.

“Nuestro rol es aprovechar estos espacios regionales para que las empresas puedan ver los avances que están ocurriendo en otras latitudes de nuestro continente viendo que esta es una agenda que está convocando a todo el sector productivo independientemente del grado de desarrollo y la importancia de ir adquiriendo las mejores prácticas de modo tal que luego las puedan incorporar. Entendemos que ejercer la debida diligencia y garantizar el respeto de los derechos humanos de las partes interesadas es hoy una responsabilidad primaria para cualquier organización que quiera tener la licencia social para operar”, explicó Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina.

De los principios a la práctica

A través de un mensaje en video, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, inauguró el Foro invitando a buscar acuerdos en decisiones que puedan parecer imposibles de resolver y valoró el evento como un espacio para “escuchar la voz de todos los actores, en particular la de las personas más afectadas”.

Türk destacó el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional ambiental para América Latina y el Caribe, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano. El Acuerdo incluye derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También conecta las obligaciones de los Estados con las responsabilidades de las empresas en la materia.

“Son también desarrollos positivos”, valoró el Alto Comisionado, pero hizo un llamado a dar el siguiente paso. “Debemos pasar de los principios a la práctica y garantizar su aplicación efectiva a escala internacional, regional, nacional y local. Aún queda mucho por hacer”.

También en la apertura la ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, planteó la necesidad de que las empresas no solo respeten los derechos humanos de sus trabajadores y las comunidades, sino que también protejan activamente el medio ambiente.

Bachelet, quien fue Presidenta de Chile durante dos periodos, consideró que estamos frente a “una estupenda oportunidad para que todos estos actores involucrados puedan conversar, llegar a algunos acuerdos y también llegar a la forma cómo se manejan los desacuerdos”.

Los ejes temáticos del foro

El Foro se centró en la relación entre el Acuerdo de Escazú y los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, la transición energética justa, el rol de los Estados en la protección de las personas defensoras de derechos humanos. También abordó la debida diligencia ambiental en sectores clave como agronegocios, minería y finanzas, y el acceso a reparación integral.

La discusión, que incluye a representantes de gobiernos, empresas, sociedad civil, Pueblos Indígenas, organismos internacionales y de la academia, buscó tender puentes entre la agenda de empresas y derechos humanos y la agenda ambiental, que en muchos casos funcionan en silos.

El VIII Foro Regional fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos en el marco del proyecto “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)”, financiado por la Unión Europea e implementado junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).