El informe sistematiza diversos pronunciamientos que se han dado dentro del sistema interamericano en relación con el tema; también proporciona un análisis sistemático y evolutivo que busca clarificar, organizar y desarrollar los deberes estatales y los efectos que se pueden generar sobre las empresas en su cumplimiento a partir de la experiencia jurídica interamericana.

El Informe publicado se encuentra estructurado en nueve capítulos, el capítulo I contiene una introducción, la metodología de trabajo y los objetivos del Informe, el capítulo II establece 12 criterios utilizados transversalmente en el informe, mismos que deben ser tenidos en cuenta como elementos fundamentales e indispensables en el abordaje de la temática dentro de los sistemas jurídicos y políticos nacionales y regionales. El capítulo III desarrolla las obligaciones que los Estados deben cumplir en estos contextos desde la perspectiva del sistema interamericano. Partiendo de las obligaciones estatales derivadas de los instrumentos interamericanos, dicha sección identifica las obligaciones de los Estados en el contexto específico de las actividades empresariales y los derechos humanos.

El capítulo IV desarrolla el alcance extraterritorial de las obligaciones de los Estados en esta materia en función de los capítulos precedentes. El capítulo V analiza los efectos jurídicos que se pueden desprender sobre las empresas a partir de las obligaciones generales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos. El capítulo VI visibiliza determinados contextos o esferas de especial prioridad o atención para la CIDH y su REDESCA en este ámbito, tales como justicia transicional y rendición de cuentas de actores económicos; servicios públicos esenciales y contextos de privatización; cambio climático en el contexto de empresas y derechos humanos; empresas, políticas fiscales e influencia en la toma de decisiones públicas; empresas y tecnologías de la información, entre otros.

El capítulo VII se refiere a algunos impactos diferenciados sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad en la región. Posteriormente, el capítulo VIII menciona, a título ejemplificativo, algunas iniciativas que destacan como referencias positivas en la materia. Finalmente, el capítulo IX recoge la formulación de una serie de recomendaciones con el objetivo de guiar los esfuerzos de los Estados del hemisferio en este ámbito.

Finalmente, el Informe subraya que las empresas pueden ser agentes positivos para el respeto y garantía de los derechos humanos, así como generar o motivar con sus acciones y comportamiento cambios claves no sólo para transformar aquellas experiencias de impunidad y abuso sobre los derechos humanos, sino también para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030.

La Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales , Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, resaltó la importancia de este Informe y afirmó que “al ser la primera vez que se aborda esta temática de manera comprehensiva, directa y en términos generales desde el sistema interamericano, el informe constituye una herramienta de enorme potencialidad para mejorar y fortalecer la legislación, las prácticas y las políticas públicas que buscan enfrentar las violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales, ayudar a fortalecer acciones de prevención y debida diligencia, mejorar la rendición de cuentas por parte de los Estados y las empresas involucradas en tales situaciones, así como para asegurar el acceso a reparaciones efectivas hacia las víctimas”.

A su vez, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, indicó: “Este informe es de gran relevancia para la protección y defensa de los derechos humanos respecto de un tema en creciente evolución y con repercusiones vigentes en el hemisferio. Esperamos que los estándares recopilados y desarrollados como las recomendaciones efectuadas en este Informe sean considerados e implementados en lo que corresponda por los Estados y las empresas, así también que, contribuya al trabajo que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en la materia”.