Entre los panelistas internacionales estuvo Amerigo Incalcaterra, Representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en nombre de la ONU expresó que “las empresas interpretaron el Global Compact de manera filantrópica" y señaló la necesidad de generar iniciativas que involucren más a las empresas en el respeto de los derechos humanos.  El funcionario contó que junto con CEPAL, su oficina esta organizando una consulta regional sobre  Derechos Humanos y Empresa en diciembre, en Chile.

Entre las principales recomendaciones de Incalcaterra estuvo que las empresas desarrollen políticas de debida diligencia en asociación con algún referente externo que le de al proceso objetividad y valor agregado. 

Durante su intervención, Dante Pesce, integrante del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas del Alto Comisionado de Naciones Unidas llamó “a traducir los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresa en políticas públicas aplicables" y a incorporar dichos parámetros  en las evaluaciones de desempeño de los ejecutivos y en la matriz de riesgo de las empresas.

“Chile tiene sesenta mil millones de dólares de inversión postergados por la judicialización de conflictos relacionados con los derechos humanos” ejemplificó Pesce, quien adelantó que el Global Reporting Initiative (GR) va a  iniciar en setiembre un proceso de armonización de sus indicadores de reporte de sustentabilidad con los principios los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresa de la ONU.

"Las políticas de derechos humanos en las empresas están escondidas y cuando existen se dirigen sólo a algunos grupos", abrió su intervención Flavio Fuertes, punto focal de la Red del Pacto Global en Argentina del PNUD. Dicha red formó hace algunos años un Grupo de Trabajo de empresas miembro focalizado en derechos humanos, pero en la visión de Fuertes “tuvo pocos resultados".

“No hay incentivos de mercado,  de presión social o de marcos regulatorios normativos para que las empresas incorporen un enfoque de respeto por los derechos humanos”, cerró Fuertes su exposición en este segundo panel.

Fernando Pasarelli, Representante del Programa Valor AMIA, advirtió que todavía hay mucho desconocimiento en los diversos sectores sociales acerca de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos y empresa. 

“¿Hasta que eslabón de su cadena debe y puede responsabilizarse una empresa para seguir siendo al mismo tiempo rentable?” se preguntó Pasarelli y puso como ejemplo a las fabricantes de teléfonos móviles que se abastecen de minerales extraidos y procesados en cadenas de suministros opacas ubicadas en países con legislaciones débiles.

El tercer panel estuvo protagonizado por aquellos organismos estatales que están trabando los derechos humanos en la empresa desde las políticas públicas.

La Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural es la que tiene a su cargo diseñar una "Política Nacional de Derechos Humanos y Empresa", en el marco de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos. La vocera del organismo sostuvo que Argentina no contaba con un diagnóstico de línea de base sobre el tema y que por ello “el Plan Nacional va a estar listo a fines de 2019”.

En rigor, solo 12 países cuentan con un Plan Nacional de Derechos Humanos yEmpresa y la mayoría son europeos. En América Latina, solo Colombia cumplió con el compromiso que supone adoptar el Marco de Directrices para empresas y derechos humanos también conocido como “Marco Ruggie”.

Una de las principales novedades anunciadas durante la jornada, que casi no contó con presencia empresaria ni abajo ni arriba del escenario,  estuvo protagonizada por el Ministerio de Trabajo. Victoria Ronchetti, coordinadora de RSE del Ministerio anunció que la cartera laboral tiene casi lista una “norma voluntaria certificable” de trabajo decente.

El Ministerio de Trabajo está desarrollando esta norma denominada SIGECO  junto al organismo normalizador IRAM y toma como parámetros de trabajo decente para construir la certificación diversos marcos internacionales de la OIT y contará con una sección de derechos humanos basada en los Principios Rectores de la ONU.

También formó parte del panel la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) , Marita González, quien advirtió que la clave es mantener un equilibrio entre crecimiento económico y trabajo decente. "Todos hablan de la necesidad de un cambio cultural, pero ninguno de los ODS incluye a la cultura”, criticó.

González recogió el guante de la pregunta que había formulado Fernando Pasarelli apenas unos minutos antes sobre hasta qué eslabón de su cadena de valor es responsable una empresa para poder seguir siendo rentable y respondió: “si la cadena de valor tiene trabajo forzoso como en países como Zimbawe, entonces sí es su responsabilidad”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y Juan José Böckel, Subsecretario a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación.

La Defensoría del Pueblo de la Nación ha creado el “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030”. En ese marco, también fue creado el Programa sobre Empresas y Derechos Humanos, para difundir los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; asesorar y promover el diálogo entre los distintosactores; iniciar investigaciones y facilitar los mecanismos de reclamos y como parte del mismo, se realizó la Jornada.