El informe fue publicado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una inauguración de alto nivel del Marco de Colaboración de IRENA sobre Transiciones Justas e Inclusivas, cofacilitado por Estados Unidos y Sudáfrica.

El informe confirma que COVID-19  provocó retrasos e interrupciones en la cadena de suministro, con impactos en los empleos que varían según el país y el uso final, y entre los segmentos de la cadena de valor. Mientras que los puestos de trabajo de la energía solar y la eólica siguieron liderando el crecimiento del empleo mundial en el sector de las energías renovables, con un total de 4 millones y 1,25 millones de puestos de trabajo respectivamente, el empleo de los biocombustibles líquidos disminuyó al caer la demanda de combustibles para el transporte. Las ventas de iluminación solar fuera de la red se resintieron, pero las empresas pudieron limitar las pérdidas de empleo.

"La capacidad de las energías renovables para crear puestos de trabajo y cumplir los objetivos climáticos está fuera de toda duda. Con la COP26 por delante, los gobiernos deben aumentar su ambición para alcanzar el nivel cero", afirma Francesco la Camera, Director General de IRENA. "El único camino a seguir es aumentar las inversiones en una transición justa e inclusiva, cosechando todos los beneficios socioeconómicos en el camino".

"El potencial de las energías renovables para generar trabajo decente es una clara indicación de que no tenemos que elegir entre la sostenibilidad medioambiental, por un lado, y la creación de empleo, por otro. Ambas pueden ir de la mano", dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder.

Reconociendo que las mujeres sufrieron más la pandemia porque tienden a trabajar en sectores más vulnerables a los choques económicos, el informe destaca la importancia de una transición justa y de empleos decentes para todos, garantizando que los empleos paguen un salario digno, que los lugares de trabajo sean seguros y que se respeten los derechos en el trabajo. Una transición justa requiere una mano de obra diversa, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y con trayectorias profesionales abiertas a los jóvenes, las minorías y los grupos marginados. Las normas internacionales del trabajo y los acuerdos de negociación colectiva son cruciales en este contexto.

La consecución del potencial de empleo de las energías renovables dependerá de políticas ambiciosas que impulsen la transición energética en las próximas décadas. Además de las políticas de despliegue, habilitación e integración para el propio sector, es necesario superar las barreras estructurales en la economía en general y minimizar los posibles desajustes entre las pérdidas y las ganancias de empleo durante la transición.

De hecho, el trabajo de IRENA y la OIT concluye que la transición energética generará más puestos de trabajo de los que se perderán. Un escenario de sostenibilidad global de la OIT hasta 2030 estima que los 24-25 millones de nuevos puestos de trabajo superarán con creces las pérdidas de entre seis y siete millones de empleos. Unos cinco millones de los trabajadores que pierdan su empleo podrán encontrar nuevos puestos de trabajo en la misma ocupación en otra industria. El World Energy Transition Outlook de IRENA prevé que el sector de las energías renovables podría dar empleo a 43 millones de personas en 2050.

La interrupción de los suministros transfronterizos causada por las restricciones del COVID-19 ha puesto de manifiesto el importante papel de las cadenas de valor nacionales. Reforzarlas facilitará la creación de empleo y la generación de ingresos a nivel local, al potenciar las actividades económicas existentes y las nuevas. El trabajo de IRENA sobre el aprovechamiento de las cadenas de suministro locales ofrece información sobre los tipos de puestos de trabajo necesarios para apoyar la transición por tecnología, segmento de la cadena de valor y requisitos educativos y ocupacionales.

Esto requerirá políticas industriales para formar cadenas de suministro viables; estrategias de educación y formación para crear una mano de obra cualificada; medidas activas del mercado laboral para proporcionar servicios de empleo adecuados; reciclaje y recertificación junto con protección social para ayudar a los trabajadores y las comunidades dependientes de los combustibles fósiles; y estrategias de inversión pública para apoyar el desarrollo económico regional y la diversificación.