“Numerosas marcas globales publicitan sus compromisos de contratar fábricas que respetan los derechos de los trabajadores, pero, al mismo tiempo, ejercen presión incesante sobre los proveedores para que bajen los precios o produzcan más rápido”, advierte Human Rights Watch en el nuevo informe:“Ambiciones peligrosas: Cómo las prácticas de compra de las marcas de indumentaria propician los abusos laborales”.

El mercado actual demanda una rapidez creciente en la producción y comercialización de las marcas de ropa, debido a los cambios en la demanda de los consumidores. Como consecuencia, las fábricas deben aumentar su capacidad para responder a las exigencias de las marcas, aunque signifique realizar prácticas de abusos laborales.

Por su parte, las fábricas deben someter a sus empleados a estos abusos, ya que se ven limitadas por contratos unilaterales, que no contempla fechas de entrega flexibles o bajo amenazas de multas económicas. Cuando los contratos se imponen unilateralmente, las marcas procuran trasladar de manera total los costos de sus propios errores a las fábricas, y profundizan el uso de prácticas abusivas. Las empresas que no pagan en tiempo a sus proveedores pueden generar retrasos en el pago de salarios y de los beneficios; y disminuir la posibilidad de las fábricas en acceder a préstamos para financiar medidas de seguridad.

Por lo tanto, en respuesta a las medidas de las marcas de indumentaria, las fábricas recurren a métodos abusivos de reducción de costos, como la subcontratación ilegal de establecimiento donde prevalecen los abusos laborales. Otros prácticas incluyen irregularidades salariales, exigir que los trabajadores produzcan más rápido, sin recesos ni descansos y condiciones laborales peligrosas o insalubres.

Con respecto al monitoreo y control de las fábricas, supone una tarea difícil y compleja, ya que muchas marcas de indumentaria producen en diversas fábricas en distintos países. En esta línea, muchas de ellas, no cumplen medidas de transparencia, negando información sobre la locación de las fábricas. Así, se vuelve imposible para las organizaciones correspondientes identificar los abusos.

Para finalizar, el informe plantea algunas medidas para que las marcas de indumentaria modifiquen las prácticas irregulares en las compras y mitiguen los riesgos de abusos en las cadenas de suministro. Entre ellas, se insta a que adopten y publiquen políticas sobre contrataciones a responsables e integrarlas en todos los departamentos; publicar las listas de sus fábricas, en consonancia con lo establecido en el Compromiso de Transparencia, un estándar mínimo desarrollado en 2016 por una coalición de organizaciones de derechos laborales y derechos humanos; y establecer contratos escritos y justos con los proveedores.

Asimismo, las marcas deberían participar en encuestas como Better Buying, que permiten a los proveedores clasificar las prácticas de compra de las marcas. Participar en iniciativas como Action, Collaboration, Transformation (ACT), que combina reformas colectivas de las marcas en materia de prácticas de compras y usar herramientas como las desarrolladas por la Fair Wear Foundation. 

Por otro lado, los gobiernos deberían adoptar leyes que establezcan la obligatoriedad de los controles de debida diligencia en materia de derechos humanos en las cadenas de suministro globales de las empresas, incluidas las prácticas de adquisición y compra; ratificar todos los convenios laborales fundamentales de la OIT y reformar las leyes laborales para cumplir plenamente con estas normas internacionales del trabajo.

Para la elaboración del estudio, se realizaron entrevistas a trabajadores en Bangladés, Camboya, la India, Myanmar y Pakistan, asi como a proveedores de indumentaria del Sur de Asia y el Sudeste Asiático y expertos y especialistas del sector.