Los bancos no tienen incentivos para invertir en ambiente
La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) cree que a pesar de la crisis del COVID-19 los bancos muestran interés en la financiación climática pero enfrentan muchas barreras burocráticas que aumentan el riesgo.
FELABAN parte del supuesto de que el sector bancario no es inmune ante el avance global de esta problemática, en tanto identifica que en años recientes se ha visto una preocupación creciente de los bancos por incorporar aspectos climáticos y ambientales en su estrategia de negocio y de gestión de riesgos.
Asimismo, la organización observa una preocupación creciente de los supervisores bancarios hacia el cambio climático y sus efectos en el sector financiero, como cuando en 2015, el entonces gobernador del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, afirmó que “la evidencia científica y la dinámica de los sistemas financieros sugieren que, a su debido tiempo, el cambio climático amenazará la resiliencia financiera y la prosperidad de largo plazo. Aunque aún hay tiempo de actuar, la ventana de tiempo es finita”.
En la visión de FELABAN, el impacto negativo de la pandemia en los niveles de desempleo, de informalidad, de migración y de comercio mundial, entre otros, “han afectado negativamente a la banca en forma de mayores niveles de mora, mayor gasto por provisiones, mayor exposición al riesgo financiero y en últimas, menores niveles de rentabilidad”, y creen que esto se sentirá con mayor fuerza el año próximo.
Si bien los bancos están capitalizados y tienen liquidez, la crisis va a presionar sobre sus niveles de rentabilidad y eso se podría hacer sentir sobre los productos financieros vinculados a la crisis climática. El documento de la entidad pone como ejemplo que ya se ha sentido un impacto negativo en la emisión de bonos verdes, que según Climate Bonds Initiative indican que la emisión de bonos verdes a nivel global cerró junio de 2020 en USD 80.000 millones, cifra lejana de los USD 257.000 millones de todo el año 2019.
En este marco, y a pesar del creciente interés de la banca de incorporar asuntos climáticos en sus metodologías de administración de riesgos, la FELABAN indentifica cuatro barreras para las finanzas climáticas en la región.
1- Dificultades para identificar y cuantificar el riesgo climático.
La poca disponibilidad de modelos confiables y la limitada disponibilidad de datos relacionados con el cambio climático podrían explicar dicha preocupación. Los modelos de gestión hechos por el premio Nobel de Economía William D. Nordhaus, miden el tema a niveles macroeconómicos, pero aún no han tenido desarrollo para medir impactos empresariales específicos.
2- Capacidad de respuesta limitada para gestionar el riesgo climático.
A pesar del interés y de la disponibilidad presupuestal de muchos bancos en este sentido, la ausencia de profesionales especializados en medición y/o modelación de riesgos climáticos impide avanzar en este frente
3- Dificultad para valorar el riesgo climático a precios de mercado.
Por lo general, los activos financieros no incorporan aspectos de riesgo climático en su proceso de formación de precios. Similar al punto 1, la limitada disponibilidad de datos y de mecanismos de mercado que sirvan para crear precios, podría influir en este reto.
4- Incertidumbre regulatoria.
Aunque los supervisores bancarios de la región han manifestado su interés de avanzar en este frente, el arreglo de regulación actual no contempla explícitamente aspectos de gestión del riesgo climático en el sector financiero (en aspectos como validación de modelos, exposiciones, límites, etc.).
Otro reto adicional identificado por FELABAN, implica que, en algunas operaciones crediticias, a los bancos de América Latina se les exige ser corresponsables por cualquier eventualidad social o ambiental derivada de los proyectos que financian, aun cuando los bancos no intervienen en el proceso de identificación de este tipo de riesgos.
“Desde FELABAN consideramos que la banca no tiene incentivos para invertir o financiar proyectos amigables con el medio ambiente si deben ser solidariamente responsables por cualquier riesgo que pueda materializarse, aún teniendo en cuenta que su labor debe centrarse exclusivamente en intermediar recursos, y no en determinar si un proyecto mitiga adecuadamente los impactos sociales y ambientales de su ejecución”, dice el paper.
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