El Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha establecido una alianza con el Responsible Mining Foundation (RMF) para poner en valor a nivel regional los resultados del índice sobre Minería Responsable 2020.

Este estudio examina cómo se desempeñan 38 empresas mineras a nivel mundial en cuanto a criterios económicos, ambientales, sociales y de gobernanza. El Centro Vincular PUCV  hace una bajada a nivel regional de estos resultados con foco en las 6 empresas “locales” (con sede principal en la región y/o todas sus operaciones en América Latina). 

Por último, en base a buenos modelos y a las prácticas líderes observadas en la región, se sugieren algunas formas de avanzar para que las empresas y los gobiernos promuevan la minería responsable en esta zona minera regional.

Los resultados del estudio regional revelan un desfase entre los compromisos y sistemas a nivel corporativo de una minera, por una parte, y la acción a nivel de explotaciones mineras, por otra. Ingrid Koch, Gerente de Operaciones del Centro Vincular PUCV  presenta algunas posibles razones para esta incoherencia entre compromisos y acciones.

“Hay varias razones de estas brechas. Una podría ser que las casas matrices generan lineamientos corporativos sobre minería responsable, pero no dan suficiente apoyo ni seguimiento para asegurar que se implementen a nivel local. Además, muchas veces hay contextos geográficos y culturales muy distintos entre el país/corporativo y el lugar operacional que hacen mayor esta brecha”.

El informe también destaca la falta de información/divulgación sobre acciones y métricas. “La mayoría de las empresas mineras internacionales hacen rendición de cuentas/reportes a nivel corporativo, pero omiten el mismo nivel de transparencia a nivel local. Por ende, un reporte de sostenibilidad corporativo de una empresa como BHP muestra toda la gestión consolidada y esto no sirve para contar con información sobre las operaciones locales como Escondida acá en Chile”, destacó Koch ante los desafíos persistentes a nivel comunicacional y transparencia más local.

Otro asunto crítico para la minería, mencionado en el reporte, es el impacto en relaves y consumo de agua. Para el tema de relaves, el resultado del indicador corporativo de las 20 empresas con operaciones en América Latina fue alto (82%), pero cuando se compara con el indicador a nivel de las explotaciones mineras (que es un indicador mucho más básico en su exigencia), la puntuación promedio baja a 23%. Además, es importante tomar en cuenta que 17 de 41 explotaciones mineras (a quien aplica el tema de relaves) recibieron una puntuación de cero para el indicador local.

Y con respecto al consumo de agua, el resultado para el indicador corporativo fue 30%; mientras que solo un 22% a nivel local. Ambos resultados muestran una brecha significativa en el desempeño de las empresas entre lo que gestiona a nivel corporativo y a nivel local. Asimismo, cabe destacar que  18 de 49 explotaciones mineras recibieron una puntuación de cero por el indicador local.

Por otro lado, el informe menciona que ha resultado efectiva la presión de los inversionistas para la divulgación de información sobre seguridad laboral en operaciones mineras. Al respecto, Ingrid Koch destacó que “los inversionistas están siendo cada vez más activos en exigir un comportamiento responsable de empresas mineras. Están entiendo que el éxito de una empresa minera no solo tiene que ver con temas netamente técnico y operacional, sino está vinculado con el relacionamiento con partes interesadas locales y los impactos ambientales. Además, organizaciones gremiales a nivel internacional, como el ICMM juegan un importante rol en impulsar a mejores estándares en la industria”.

Finalmente,  le consultamos al Centro Vincular por algunas jurisdicciones donde se está discutiendo que el proceso de debida diligencia podría “disculpar” a la empresa en caso que ocurriera una demanda por violación de DD.HH.  Al respecto, Ingrid Koch indicó que realizar un proceso de debida diligencia no significaría que la empresa no pueda ser culpable de una violación de un derecho humano en el futuro.  

“Lo que muestra es que la empresa actuó con algún nivel de responsabilidad para identificar sus potenciales impactos en derechos humanos, pero si hay una violación, la empresa tiene que mostrar cómo se trató de evitar o mitigar el impacto en base a los resultados de su debida diligencia. Haber hecho una debida diligencia podría significar un menor castigo porque se muestra una negligencia civil y no criminal, entonces significaría una multa en vez de cárcel por ejemplo. Pero es muy importante que las empresas entiendan que si hacen la debida diligencia, identifican potenciales riesgos y luego no hacen ninguna gestión y hay una violación, la situación sería mucho peor para ellos. Lo importante es que entiendan que tienen que actuar sobre los hallazgos del proceso de debida diligencia”. 

El Reporte RMI 2020 pone a disposición pública las puntuaciones recibidas por cada empresa y cada explotación minera en la página web https://2020.responsibleminingindex.org/e