La investigación, realizada con base en información proveniente de 17 países distribuidos en tres 3 subregiones, propone una estrategia basada en el aumento de la inversión para:

• incrementar la asistencia escolar para los niños y niñas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y mejorar la calidad de la educación,
   
• implementar un programa de transferencias condicionadas para cubrir los costos de oportunidad en que incurrirían las familias que deciden enviar y mantener a sus hijos e hijas en la escuela en lugar del trabajo (transferencia mensual estimada en US$30),
   
• un conjunto de intervenciones o programas diferenciados para atender las peores formas del trabajo infantil, específicamente el trabajo peligroso, que es el único que no logra ser captado estadísticamente por la encuestas.

En conjunto, esta estrategia representa los costos asociados a la eliminación del trabajo infantil, donde el rubro más elevado de costo para los gobiernos es el programa de transferencias en efectivo; en segundo lugar se ubica el costo de ampliación de la oferta educativa en términos de cantidad y calidad; en tercer lugar, se encuentra el costo asumido por las familias; los programas de intervención directa ocupan la cuarta posición; mientras que la última es el costo de administración del programa de transferencias.

Aunque la cifra perteneciente al programa de transferencias en efectivo parezca elevada, en la mayoría de países representa igual o menos del 0.3% del PIB estimado para 2014, siendo mayor este porcentaje sólo para cinco países: 1.9% en Honduras, 1.5% en Nicaragua, 1.1% en Guatemala, 0.7% en Bolivia y 0.6% en Paraguay, países con menor PIB per cápita, y en general, con alta pobreza, inasistencia escolar y trabajo infantil, características que hacen esta propuesta especialmente importante para ellos.

En números absolutos, la estrategia plantea una reducción anual y gradual del trabajo infantil por debajo de la edad mínima entre los años 2015 y 2025, hasta alcanzar el 0%, lo que  significa retirar un promedio anual de 572,000 niños, niñas y adolescentes: 190,000 en la Subregión Mesoamérica, 232,000 en la Subregión Andina y 150,000 en el Cono Sur.

El retorno a la inversión en infancia es positivo

Si bien la estrategia propuesta representa costos para gobiernos y familias, conlleva grandes beneficios, que en el estudio se han estimado a partir de valorar las ganancias y ventajas económicas de una población más educada y más sana.

Se considera que la intervención propuesta permitirá un aumento de los ingresos futuros de una población que ha accedido a la escolarización completa; logrará mayores ingresos sostenidos como resultado de una vida productiva más larga debido a una mejor salud y comprende beneficios sociales derivados, tales como bienestar psicológico y emocional, y una mayor paz social.

En términos económicos, los beneficios en educación alcanzan un promedio anual a nivel regional de US$ 3,882 millones, siendo mayores los beneficios la Subregión Andina. Por su parte, los beneficios anuales en salud para la región llegarían a los US$ 80.6 millones.

Respecto a las tasas de retorno, el estudio muestra resultados muy satisfactorios, en general superiores al 13% (ver tabla 3), siendo mayores en los países de la Subregión Cono Sur, donde alcanzan casi el 15%. No obstante, al incorporar las transferencias monetarias condicionadas, que como se ha visto es el componente de mayor costo dentro de la estrategia propuesta, la tasa de retorno (beneficio financiero neto) se reduce en todos los países de forma significativa, alcanzando un 5% en promedio para la región. Cabe resaltar que, aún con las menores tasas de retorno al considerar las transferencias en efectivo, la propuesta resulta altamente valiosa para los países, tanto por los beneficios propios de una mayor educación de la población como por las oportunidades que representa para los niños, niñas y adolescentes que abandonan el trabajo infantil.

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la OIT pone a disposición este estudio como una contribución para la toma de decisiones respecto a políticas, programas y servicios que los países deberán implementar y/o reforzar con miras a lograr sus objetivos específicos en materia de crecimiento, empleo y protección de la infancia y adolescentes y contribuir al logro general del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 y, en particular, a la meta 8.7 que busca “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, erradicar el trabajo forzoso y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados”.

(Fuente: Boletín Encuentros de OIT)