Este análisis contribuye a una mejor comprensión de las prácticas de CER y proporciona una base para informar a las empresas, los gobiernos y otras partes interesadas para adaptar el apoyo y la formación sobre CER y debida diligencia en la región.

El informe "Resultados de la Encuesta de la OCDE a Empresas sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe" revela que la mayoría de las empresas encuestadas han tomado medidas para gestionar estos riesgos en términos generales, y un 75 % de los encuestados señala que dispone de una política en la que se establecen las expectativas para la gestión de al menos una de las cuestiones relativas a la CER, tales como los derechos humanos, el empleo y los derechos laborales, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, los intereses de los consumidores o la divulgación de información. Además, el 55 % de las empresas encuestadas señala que realiza un informe sobre sus prácticas en relación con la CER. Sin embargo, la aplicación práctica de la CER sigue siendo un reto, ya que solo una pequeña parte de las empresas parece realizar evaluaciones del riesgo a lo largo de la cadena de suministro a fin de minimizar el impacto negativo de sus actividades y maximizar su contribución positiva al desarrollo sostenible.

Solo el 40 % de los encuestados adopta un proceso de debida diligencia cuando se identifican los riesgos y el 21 % tiene en cuenta a los proveedores y socios comerciales más allá del nivel 1 de la cadena de suministro. Además, solo el 36 % de las empresas está familiarizado con el apoyo que los PNC pueden ofrecer a fin de fomentar y facilitar la CER.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, los resultados de la encuesta indican que la crisis ha agravado – o generado – desafíos ambientales, sociales y de derechos humanos para las empresas, de acuerdo con la respuesta del 67 % de los encuestados (p. ej., riesgos para la salud, cobertura de la protección social, despidos temporales o permanentes, recortes salariales, una menor capacidad para cumplir con los requisitos medioambientales, etc.). El fomento de las prácticas de la CER ha resultado especialmente importante para fortalecer la capacidad de recuperación empresarial, ya que el 75 % de las empresas afirma que contar con prácticas en esta materia les ha ayudado a superar la crisis de la COVID-19, entre otras cosas, mitigando los riesgos comerciales. Al mismo tiempo, las empresas, en especial las PYMEs y las empresas que operan en el sector agrícola, parecen encontrar problemas para ampliar las políticas de la CER y han presentado menos informes y políticas en este sentido. Además, llevan a cabo una cantidad considerablemente menor de prácticas de debida diligencia y evaluación de los riesgos en sus cadenas de suministro. No obstante, según la encuesta, las empresas están dispuestas a subsanar las deficiencias en la aplicación de la CER y a dar respuesta a las cuestiones ambientales, sociales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro. Más del 60% señala la necesidad de mayor apoyo y formación para aplicar la debida diligencia basada en el riesgo y los instrumentos de la CER de la OCDE.

De los resultados de la encuesta se desprende que la aplicación de un enfoque estratégico y sistémico para ejecutar operaciones comerciales de forma responsable es fundamental para la capacidad de recuperación de las empresas que operan en y desde América Latina y el Caribe en relación con sus cadenas de suministro, trabajadores y resultados financieros. La aplicación de prácticas de la CER, como la debida diligencia basada en el riesgo, en la cadena de suministro habría ayudado a la gran mayoría de las empresas encuestadas a identificar, evaluar y mitigar los riesgos operativos, jurídicos o de mercado, especialmente para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y recuperarse de ella. Es necesario tomar medidas adicionales para comprender y alinear un marco de debida diligencia basada en el riesgo a lo largo de toda la cadena de suministro. Los resultados proporcionan evidencias para apoyar a las empresas y los gobiernos en el desarrollo y la aplicación de políticas y prácticas de CER. En concreto, pueden servir a los gobiernos y los PNC en su tarea de fomentar la CER, además de hacer posible que las empresas amplíen la diligencia debida de la cadena de suministro y afronten los riesgos a este respecto en la región.

La encuesta es una de las actividades previstas en un proyecto para fomentar la CER en América Latina y se desarrolló en cooperación con los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de la región. Se distribuyó en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú entre empresas con sede o actividad comercial en estos países, quienes pudieron responderla durante un período de 9 semanas (del 23 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021). En total, la completaron 501 representantes de empresas de los distintos países objetivo y de una amplia gama de sectores.