Un nuevo informe titulado “Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso” presentado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), analiza el avance de 26 países América Latina con respecto al tema.

En el informe se destaca el trabajo de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Entre las principales acciones están el fortalecimiento de las políticas públicas y la implementación de programas sociales que combinan la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza.

Brasil, Chile, Paraguay y Perú se mantienen como países con avances significativos; mientras que Colombia, Ecuador y El Salvador presentan solo un avance moderado, junto con Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Santa Lucía y Uruguay. Los clasificados con avances mínimos son Belice, Dominica, Granada, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Venezuela, Bolivia y República Dominicana. Estos últimos poseen un mínimo avance porque sus leyes y prácticas, respectivamente, retrasan el alcance de nuevos avances.

Un item que destaca el informe es el avance de la región en la lucha contra el trabajo infantil en el trabajo doméstico. En este contexto Chile, República Dominicana y Panamá se sumaron a los nueve países de la región que ya han ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Asimismo, se reconoce a la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe como parte de las políticas gubernamentales implementadas por la región, con el objetivo de incrementar la cooperación regional a través de esfuerzos que fortalezcan el monitoreo y coordinación de mecanismos, programas de gobierno e intercambios Sur-Sur.

Con respecto a las leyes que prohíben los trabajos peligrosos son aún poco claras e insuficientes y recomienda una mayor inversión de recursos económicos y humanos para el tema. A la fecha, son nueve los países que carecen de políticas sobre trabajo peligroso para personas menores de 18 años, o cuyas leyes no protegen debidamente a estas personas de las actividades identificadas por sus propios países como peligrosas. Los países son Argentina, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Panamá, Perú, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los desafíos pendientes de la región están vinculados a mejorar y reforzar sus políticas. En esta línea se menciona que en Bolivia, Belice, Dominica y Guatemala la edad mínima permitida para la admisión al empleo puede estar definida dentro de los estándares internacionales (15 años y 14 años para algunos países en desarrollo), pero en su marco político existen excepciones que autorizan el empleo de personas por debajo del estándar.

Un tema que resalta el informe son los conflictos sociales armados que todavía existen la región. En este caso El Salvador, Guatemala y Honduras evidencian el reclutamiento de personas menores de edad y esto es considerado como una de las peores formas del trabajo infantil. Además, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, presentan débil protección legal para los casos de uso de personas menores de 18 años en actividades ilícitas.

Para finalizar, se enfatiza que en general los países de la región se han comprometido con la promoción del trabajo decente y la inclusión social, para ello las políticas estarán vinculadas a la erradicación del trabajo infantil, a la promoción de la educación y a la formación vocacional de los jóvenes. Respecto a esto, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica y Panamá han adoptado nuevos planes de acción que mejoran los esfuerzos para combatir el trabajo infantil y regular el trabajo adolescente permitido.